El próximo 15 de abril de 2026 está previsto el inicio del juicio oral en la Audiencia Provincial de Almería contra un hombre acusado de publicar de manera reiterada vídeos en TikTok con amenazas, injurias y calumnias dirigidas a jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y a una mujer identificada como víctima en un procedimiento de violencia de género.
El caso procede de un procedimiento abreviado que partió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, donde el juzgado transformó las diligencias previas tras apreciar indicios suficientes de delito. Según el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, el investigado difundió 142 vídeos de elaboración propia entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025. De todos ellos, al menos 50 contenían expresiones amenazantes, insultos y calumnias de especial gravedad, dirigidos tanto a autoridades judiciales y fiscales como a miembros de la Guardia Civil de Garrucha y a la denunciante en la causa de violencia de género.
La investigación se apoya, entre otros elementos, en un atestado instruido por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que incorpora el visionado y transcripción íntegra de los vídeos difundidos a través del perfil de TikTok atribuido al acusado.
Solicitan 14 años de prisión por acosar y amenazar a jueces y a una víctima de violencia de género en ‘TikTok’
En el informe policial aparecen expresiones en las que el procesado se dirige a jueces, fiscales y agentes con calificativos como “corruptos” o “podridos”, además de incluir amenazas explícitas y mensajes de hostigamiento continuado. Los investigadores interpretan estos hechos como un “acoso insistente y reiterado” con publicidad a través de redes sociales, tanto contra las instituciones como contra la mujer protegida por una orden judicial.
El juzgado instructor destaca que las publicaciones se sucedieron de forma continuada en el tiempo y que en ellas figura una referencia constante al procedimiento de violencia de género en el que estaba implicado el acusado, además de alusiones al funcionamiento del sistema judicial y al uso del dispositivo telemático de control que tenía impuesto.
En el escrito de acusación, firmado por el abogado Miguel Martínez - representante de la mujer -, se solicitan varias penas: una año por el delito continuado de amenazas, dos años por el delito continuado de injurias y calumnias, cuatro años por atentado contra la autoridad, otros cuatro años por obstrucción a la justicia, un año por quebrantamiento de condena y dos años por un delito contra la integridad moral. Se reclama también una indemnización de 70.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y secuelas ocasionadas.
Por parte de la defensa, el escrito presentado solicita la libre absolución del acusado, argumentando que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” e impugnando la autenticidad de cerca de una treintena de vídeos incorporados a la causa, ya que, según alega, “no coinciden el autor real y el aparente”.
El procedimiento incluye un informe médico forense elaborado en el marco de la instrucción para valorar la imputabilidad del acusado, tras una exploración clínica y el análisis de los antecedentes existentes en la causa. Dicho informe forma parte de la prueba que podrá practicarse durante la visita señalada para abril.
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