El número de hogares que han recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España ha experimentado un crecimiento significativo en el último año, alcanzando al cierre de diciembre un total de 799.553 familias beneficiadas, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión. Este dato supone un incremento de 125.824 prestaciones respecto al año anterior, una subida del 18,7%. Con todo ello, ya hay 2.441.647 personas amparadas por este mecanismo de protección, con un aumento interanual de 393.892 individuos, es decir, un 19,2% más. Casi un millón de beneficiarios son menores de edad, con 993.843 niños y adolescentes registrados.
El importe medio percibido por cada hogar durante el último mes del año ha sido de 483,1 euros, lo que ha supuesto una partida mensual total de 412 millones de euros. El Ministerio ha adelantado que en 2026 la cuantía de las prestaciones activas se revalorizará un 11,4%. Además, ha subrayado el destacado perfil femenino de los titulares, ya que el 68% son mujeres.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha sostenido en un comunicado que “la lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esa lucha, el IMV juega un papel muy importante, por lo que debe tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor”.
Una herramienta clave, pero con problemas
El diseño y la implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 supo un avance relevante en política social, al instaurar por primera vez una prestación estatal que ofrece una garantía de ingresos mínimos a la población, según una valoración que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) realizó el pasado noviembre. Conforme a las cifras que maneja esta entidad, el IMV ha permitido reducir la pobreza severa en torno a un 6%, incrementando la protección de familias especialmente vulnerables, como los hogares monoparentales o con menores a su cargo.
No obstante, Fedea ha subrayado que la cobertura de esta medida queda por debajo del 50% del colectivo de potenciales beneficiarios, esencialmente debido a obstáculos vinculados con la gestión administrativa y la complejidad del acceso. Entre las principales trabas, Fedea destaca la rigidez de los procedimientos, la lentitud en la tramitación, la carencia de información y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales de las comunidades autónomas. A esto se suma la presencia de distintas rentas mínimas y ayudas finales a escala autonómica, lo que acentúa la fragmentación y la desigualdad territorial.
Así, como destacó en ese entonces Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, “una parte importante de las personas que cumplen los requisitos no solicita el IMV por diversas barreras de acceso relacionadas con su diseño y gestión”. Para resolver las limitaciones actuales, los expertos señalan que es urgente simplificar el trámite para evitar que los hogares en situación más vulnerable queden excluidos por razones burocráticas.
Otra medida apuntada es la alineación del IMV con el umbral de la pobreza, de modo que la cuantía de la ayuda y las escalas de equivalencia se adapten a los baremos empleados por organismos como Eurostat. Así, se eliminarían topes que penalizan a los hogares con mayor número de miembros, que hoy reciben una ayuda insuficiente.
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