La transición verde también tiene perdedores: en algunos municipios de la España vaciada las renovables ocupan más del 20% del suelo

La expansión de las energías renovables en España avanza a gran velocidad. Las tecnologías verdes son una pieza clave para cumplir con los objetivos climáticos europeos y, en 2025, nuestro país batió récords de instalación al superar los 100 gigavatios (GW) de potencia total instalada. Pero este despliegue no se reparte de forma homogénea por el territorio, y una gran parte del impacto se concentra en municipios rurales poco poblados, situados muchos de ellos en la España vaciada. Un esfuerzo de los territorios que, en general, no suele ser recompensado.

En algunos de estos pueblos, las instalaciones de energías renovables, que son principalmente instalaciones terrestres como parques eólicos y grandes plantas solares, pueden llegar a ocupar más del 20% de la superficie municipal, e incluso superar el 30% en los casos más drásticos. Y es que, aunque cerca de la mitad de los municipios españoles cuenta con alguna instalación renovable, el impacto territorial real se concentra en un número reducido de localidades.

En torno a 300 municipios, menos del 5% del total nacional, soportan la mayor parte de la ocupación de suelo asociada al despliegue de renovables. Según un reciente estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en esas localidades viven cerca de un millón de personas. Se trata, en su mayoría, de municipios rurales con baja densidad de población, donde la disponibilidad del suelo, la calidad de recursos naturales y la menor presión urbanística los han convertido en el destino preferente para la transición energética.

Mucho impacto territorial y pocas compensaciones

Pero el problema, además, es el reparto de costes y beneficios. Estas localidades asumen alteraciones paisajísticas, cambios en los usos del suelo y tensiones sociales derivadas de la instalación de infraestructuras energéticas a gran escala. Y, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del sistema energético, no existe un mecanismo estatal que compense de forma directa y sistemática a los municipios más afectados por el despliegue de renovables.

Más allá de los impuestos locales habituales o de algunos cánones autonómicos, que no son iguales en todos los territorios, muchos de estos pueblos no reciben una compensación proporcional al impacto que soportan. Una situación que contrasta con lo que sucede en el caso de la energía nuclear, ya que con esta tecnología, el Estado sí que reconoce el gran impacto territorial, y va acompañada de mecanismos de compensación.

Y, pese a que la huella de las renovables es mucho mayor en cuanto al espacio que ocupan, ese reconocimiento aún no se ha producido. A esto se le suma la creciente negativa social hacia las energías verdes en algunas zonas rurales, que empieza a convertirse en una barrera real para el despliegue de nuevos proyectos. Y no es por rechazar a las energías limpias, sino porque los beneficios de la transición verde se distribuyen a nivel nacional, pero los costes territoriales se concentran localmente.

Cómo financiar una compensación a los municipios afectados

Con este escenario, el estudio de Fedea, realizado por Diego Rodríguez, plantea una propuesta concreta para corregir esta situación y avanzar hacia una transición energética más equitativa desde el punto de vista territorial. El documento parte de que, si el despliegue de renovables es imprescindible para cumplir con los objetivos climáticos, y si ese despliegue se apoya sobre todo en determinados territorios rurales, se debería establecer un sistema de compensación específico para esos municipios.

La propuesta consiste en crear un mecanismo estatal de transferencias dirigido a los municipios con mayor impacto territorial de las energías renovables. Para identificarlos, el análisis se basa en el porcentaje de superficie municipal ocupada por instalaciones renovables. Así, aquellos municipios situados en el extremo superior de la distribución (por ejemplo, por encima del 90% de ocupación relativa) serían los beneficiados del sistema.

La clave es la financiación. Según Fedea, la idea no sería crear nuevos impuestos sobre las plantas renovables, algo que podría generar inseguridad jurídica, sino utilizar parte de los ingresos que España obtiene de la subasta de derechos de emisión de CO₂. Solo en los últimos años, estas subastas han generado varios miles de millones de euros anuales. Además, la normativa europea ya obliga a destinar el 100% de estos ingresos a políticas relacionadas con el clima y la transición energética.

De los hogares a los ayuntamientos: la propuesta de reparto

El estudio también subraya que una parte relevante de estos fondos no se está utilizando de forma efectiva o queda pendiente de asignación. Canalizar una fracción hacia la compensación de los municipios rurales más afectados encajaría tanto con la legislación europea como con la lógica económica de reducir las resistencias territoriales al despliegue renovable.

Fedea plantea, a modo de ejemplo, un fondo anual de unos 100 millones de euros, que permitiría transferencias del orden de 100 euros por habitante y año en los municipios seleccionados. La cuantía podría ajustarse en función de la intensidad del impacto, de manera que los pueblos con mayor porcentaje de suelo ocupado recibieran una compensación mayor.

En cuanto a la forma de aplicar estas transferencias, el documento explora varias opciones: pagos directos a los hogares, descuentos en la factura eléctrica o transferencias a los ayuntamientos. Aunque las compensaciones directas serían más visibles para los ciudadanos, el estudio considera que la vía municipal es administrativamente más sencilla y permitiría a los consistorios decidir si destinan los fondos a servicios públicos, inversiones locales o incluso a ayudas directas a los vecinos.