Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

Entre 2021 y 2024, el Ministerio del Interior ha canalizado cientos de millones de euros en inversiones en prisiones, comisarías y equipamiento de seguridad a través de SIEPSE, una empresa pública que depende al 100% del Estado y que permite ejecutar obras y compras al margen del presupuesto anual. Según recoge el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes fiscales, este sistema, aunque legal y en ocasiones útil para proyectos grandes, reduce la transparencia, encarece la gestión y dificulta controlar cómo se gasta realmente el dinero público.

En el informe, se explica como Interior ha utilizado en esas fechas 356 millones a través de dos Planes aprobados por el Consejo de Ministros —PACEP, para Centros e Infraestructuras Penitenciarias; y PLISE, para instalaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Secretaría de Estado— y gestionados ambos por SIEPSE, superando con creces los recursos recogidos en los presupuestos, que fueron de 233 millones de euros.

Estas cantidades de dinero, al pasar por la entidad pública, permiten financiar las inversiones al margen de los presupuestos aprobados, ya que el dinero se aporta mediante ampliaciones de capital pagadas por el Ministerio de Hacienda. Este sistema, sin embargo, tiene un coste añadido, porque SIEPSE cobra un 4,5% del importe de las inversiones en concepto de gastos de gestión.

En palabras del propio Tribunal, esta práctica da lugar a “una fragmentación en la consignación de los recursos, entre los fondos provenientes de los créditos presupuestarios de cada centro directivo (Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, Secretaría General de Instituciones Penitenciaras) y los consignados en otros órganos, como la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que dificulta la cuantificación de los recursos invertidos y la rendición de cuentas y evaluación de su eficacia”.

Un presupuesto ordinario “insuficiente”

Sin embargo, el caso descrito no es una cuestión aislada y forma parte de un problema estructural dentro del Ministerio, ya que su presupuesto ordinario es “insuficiente”. Según el Tribunal de Cuentas, en 2023 los créditos destinados a seguridad ciudadana y equipamiento eran un 67% menores que los de 2008 en términos nominales, y un 34% menores al ajustar por inflación. Esto hace que muchas de las inversiones más importantes —nuevas prisiones, comisarías, cuarteles o medios de transporte— no puedan financiarse con los presupuestos ordinarios y dependan de créditos extraordinarios, compromisos a futuro y de los planes especiales gestionados por SIEPSE.

A esta falta de recursos se suma un problema de planificación, al no haber un plan de inversiones único que integre a Policía, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias y la Secretaría de Estado de Seguridad. Cada organismo elabora sus propios planes, y además coexisten documentos internos y planes aprobados por el Consejo de Ministros que no están coordinados ni se cruzan con el presupuesto. El resultado es un sistema fragmentado, donde la toma de decisiones se hace sobre la marcha y sin una visión global de prioridades o resultados.

Informes “genéricos y continuistas”

Además, este presupuesto no refleja la realidad de las inversiones ni permite evaluarlas correctamente. Según el informe, los objetivos e indicadores de los programas presupuestarios son “genéricos y continuistas, existiendo una confusión entre los ‘de medios’ y los ‘finalistas’”. Es decir, los objetivos de los programas son vagos y se repiten de año en año, existiendo además una confusión entre los objetivos que son “medios” para lograr algo concreto y los que son el resultado final esperado.

Por otra parte, la información integrada en los Presupuestos Generales del Estado sobre las inversiones “no es suficientemente precisa ni homogénea”, afirma el Tribunal de Cuentas, ya que se aprecia “una gran heterogeneidad en la definición y contenido de los superproyectos y proyectos” y “no se han identificado procedimientos escritos de aplicación de las reglas sobre la prórroga presupuestaria”.

En este contexto, la Secretaría de Estado de Seguridad concentra un volumen de créditos de inversión superior al de la Policía y la Guardia Civil, lo que le permite financiar inversiones comunes. El Tribunal reconoce que en algunos casos se han aprovechado “sinergias y economías de escala con el Ministerio de Defensa”, como en la renovación de helicópteros, lo que se considera “una buena práctica”. Sin embargo, en muchos casos los recursos se asignan de manera discrecional: cuando los proyectos no están formalmente definidos o no se documentan por escrito los criterios de reparto, esto dificulta entender por qué un fondo va a la Policía y no a la Guardia Civil o a otra unidad.

De esta manera, el Tribunal de Cuentas advierte que “los programas presupuestarios del Ministerio del Interior no recogían la imagen fiel de la inversión real en equipamientos de la seguridad del Estado y en infraestructuras penitenciarias”, lo que refleja la falta de coordinación entre planes, presupuestos y ejecución real. Aunque SIEPSE permite sacar adelante proyectos que de otro modo no podrían financiarse, el informe subraya que el sistema dificulta la “rendición de cuentas y la evaluación de la eficacia de las inversiones”, dejando a la gestión pública de Interior en una situación de opacidad y fragmentación.