Una aerolínea, Plus Ultra, que empezó a operar en julio de 2015. Un rescate de 53 millones de euros que esta empresa recibió por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2021. Una investigación judicial en la que aparecen los términos de fraude fiscal, organización criminal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, oro venezolano, testaferros y comisiones. Y en todo este cóctel un nombre destacado, José Luis Rodríguez Zapatero, que algunos medios de comunicación sitúan como un auténtico poder en la sombra, lobista con importantes contactos con la izquierda latinoamericana y la superpotencia mundial que es China, que incluso ya ha sido calificado “como el español más peligroso”.
Esta es una guía para intentar no perderse en el último caso de corrupción que, de momento, no salpica al expresidente socialista, aunque el nombre de Plus Ultra vaya acompañado al de Zapatero en muchas informaciones.
Plus Ultra fue fundada en España por el exdirector de Air Madrid (Madrid), Julio Martínez Sola. En marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó un préstamo a la aerolínea de 53 millones de euros (que en realidad fueron dos créditos de 19 y 34 millones). El dinero salió del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee), con el que también se rescataron a otras aerolíneas como Air Europa (475 millones de euros) y Volotea (200 millones) por la crisis económica que provocó la pandemia. La ayuda la canalizó la SEPI.
Hasta ahora, la compañía solo ha devuelto los intereses, unos 9 millones de euros. Plus Ultra está obligada a reintegrar 19 millones el próximo año y los 34 millones restantes en 2028. La pregunta es si esta aerolínea era estratégica, teniendo en cuenta que en 2021 solo contaba con tres aviones. Hoy tiene vuelos con Perú, Colombia, y Malabo (Guinea Ecuatorial).
Socios venezolanos
Muchas informaciones vinculan a Plus Ultra con capital venezolano e incluso con el régimen de Nicolás Maduro. Su máximo accionista es Julio Martínez Sola (tiene hoy el 64% de la compañía). Otro de sus fundadores fue Fernando Isidoro González Enfedaque, que a principios de 2020 fue condenado en el País Vasco a dos años y nueve meses de prisión por delito fiscal. La pregunta es por qué la SEPI autorizó un préstamo en 2021 a una empresa que contaba con este tipo de directivos. González Endefaque dejó el consejo de Plus Ultra a principios de 2021 y su condena (rebajada a 23 meses de cárcel) fue firme en 2024. Es cierto que ha tenido socios venezolanos hasta hace poco: los empresarios Rodolfo Reyes Rojas y Joaquín Olimpio Domingues Ferreira.
Cuatro detenidos por la UDEF
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la aerolínea el pasado 11 de diciembre. Ese mismo día fueron arrestados Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, el CEO de la aerolínea; el empresario Julio Martínez Martínez (que comparte nombre y primer apellido con el presidente) y un abogado muy importante del que no ha trascendido la identidad. La investigación la lleva el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Hay más investigados: los empresarios peruanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu; una asesora de estos últimos, Gabriela Puente Garaboa; los empresarios venezolanos Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano; y un acreedor holandés de la aerolínea, Simón Leendert Verhoeven.
¿Por qué se les investiga?
Porque la Fiscalía Anticorrupción recibió la petición de ayuda de dos Fiscalías europeas, la de Francia y la de Ginebra (en Suiza). La francesa, por ejemplo, empezó a investigar por tráfico de información privilegiada y blanqueo de capitales a Luis Felipe Baca Arburu, que había sido banquero en el país helvético. Este llevó a Danilo Alfonso Díazgranados, un bróker de Venezuela. La Policía Nacional registró entonces varias propiedades a nombre de ambos en Madrid capital, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca, y Anticorrupción abrió una investigación secreta que les llevó a Plus Ultra y al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno español en 2021.
De la Audiencia Nacional a un juzgado
Con lo investigado, Anticorrupción presentó denuncia en la Audiencia Nacional el 21 de octubre de 2024. Pero esta acordó el 15 de noviembre de ese año no admitirla a trámite porque entendió que no era competente para investigar esos delitos. La Fiscalía recurrió al estimar que la Audiencia sí era competente para indagar delitos de blanqueo conectados en España, Francia y Suiza. Y habló, por primera vez, de malversación cometida por funcionarios públicos en Venezuela. La denuncia también señalaba el presunto uso indebido de ayudas públicas españolas, en referencia a los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra.
La Audiencia rechazó el recurso de la Fiscalía y decidió que la investigación debería recaer en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que en 2021 había recibido una denuncia de PP y Vox por el rescate de 53 millones de euros. Una denuncia que había sido archivada provisionalmente en enero de 2023. La Audiencia decidió que Anticorrupción debía incorporar sus pesquisas al juzgado 15 y este reabrir la causa. Que, por cierto, había sido archivada por un error judicial. A la jueza del 15 se le olvidó prorrogar la causa.
¿Qué pasó con el rescate de 53 millones?
Los indicios apuntan a que los 53 millones de euros que recibió la aerolínea por parte de la SEPI en 2021 no se utilizaron para mantener la viabilidad de la empresa, sino para la devolución de préstamos que algunos de los investigados habían hecho a Plus Ultra. Es decir, uso indebido de ayudas públicas.
La UDEF sigue la pista de parte de esos 53 millones en sociedades extranjeras radicadas en Suiza, Francia, Emiratos Árabes y Panamá. “La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro”, indica la documentación a la que ha tenido acceso Infobae. Un rescate usado para devolver dinero adeudado y blanquear ingresos opacos con la venta de oro, la compra de inmuebles y relojes de lujo. Una de las figuras es Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, “uno de los operadores financieros predilectos del chavismo, en los tiempos de Hugo Chávez”, según varias informaciones publicadas.
El papel de Julio Martínez Martínez
Julio Martínez Martínez es uno de los detenidos por la UDEF. Consultor valenciano, administra actualmente unas 20 empresas. Los investigadores indagan si algunas de estas sociedades pudieron ser usadas para el desvío de fondos de Plus Ultra. Entre ellas, ‘Zenzap’ (llama la atención lo de ZAP). Los agentes descubrieron que otra de sus firmas, ‘Análisis Relevante’, había sido cliente de la agencia de comunicación y marketing de las hijas de Rodríguez Zapatero. Él lo niega y asegura que solo es buen amigo del expresidente, que no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra, y que la aerolínea solo es cliente suyo, según señala en una entrevista que ha concedido a ‘El Mundo’.
“Hay que dejar claro que Zapatero no aparece en la denuncia inicial que interpuso Anticorrupción en la Audiencia Nacional en 2024, cuando trató de judicializar allí el asunto tras la petición de ayuda que había llegado de Francia y Suiza”, explican a este diario fuentes de la UDEF, “pero las investigaciones consisten en eso, en ir tirando del hilo”.
¿Conexión Zapatero?
Los investigadores del caso Plus Ultra están rastreando las posibles relaciones existentes entre Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno o algún miembro de su familia. De momento no hay vínculos con la trama. Víctor de Aldama, imputado en la Audiencia Nacional en el ‘caso Koldo’, aseguró el otro día en un programa de televisión que Zapatero podría haber recibido 10 millones de euros en comisiones por intermediar en el rescate de Plus Ultra. El ex ministro José Luis Ábalos (actualmente en prisión) también ha señalado en otra entrevista que Zapatero “presionó” para facilitar el rescate de Plus Ultra. Ninguno ha presentado pruebas de estas afirmaciones.
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