La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La Guardia Civil sitúa en el centro de una compleja red de mediaciones irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, a quienes atribuye la conformación de un grupo criminal orientado a obtener beneficios económicos mediante su influencia en empresas públicas. Según el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y remitido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, los tres investigados habrían cobrado comisiones asociadas a sobrecostes de hasta el 50% en dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, compañía que cuenta con tres exdirectivos o exaltos cargos investigados en el denominado caso Koldo.

El documento policial describe una operativa diseñada para favorecer que Acciona se hiciera con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Para viabilizar esta operación, los investigados habrían desplegado una estrategia basada en contactos directos con responsables de la empresa pública y en la contratación de un despacho de abogados que, de forma aparente, debía aportar cobertura jurídica al proceso. Como contraprestación por esta mediación, el grupo percibió pagos por un total de 17.545 euros, canalizados a través de un despacho jurídico. Fuentes del sector consultadas han precisado, sin embargo, que Acciona nunca llegó a concretar ninguna oferta formal sobre esas dos explotaciones ni terminó haciéndose con ellas.

Estos hechos constituyen una de las cinco operaciones bajo sospecha que la UCO ha puesto en conocimiento del juez instructor y que dieron lugar a la detención de Díez, Fernández y Alonso por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Tras su paso por sede judicial, los tres quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Un entramado estable para influir en decisiones públicas

La investigación judicial considera que los tres formaban un grupo estructurado y estable, que se autodenominaba Hirurok, expresión en euskera que significa “nosotros tres”. Según la diligencia de información emitida por el juzgado, este grupo se habría dedicado a orientar “diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”, valiéndose de su posición y de su red de relaciones en el ámbito institucional.

La UCO subraya que los investigados explotaban su capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública para obtener decisiones favorables a sus intereses, con el objetivo último de maximizar el beneficio económico a través del cobro de comisiones. En el conjunto de las cinco operativas analizadas, las mordidas atribuidas al grupo alcanzarían, al menos, los 750.614 euros.

Para canalizar esos fondos, el grupo habría utilizado la mercantil Mediaciones Martínez, a través de contratos y facturación que los investigadores califican de mendaces. Esta actividad se habría desarrollado entre los años 2021 y 2023, periodo en el que se concentran las actuaciones bajo sospecha. En ese contexto, la Guardia Civil pone el foco en el papel de las empresas públicas dependientes de la SEPI, donde los investigados habrían encontrado un terreno propicio para ejercer su influencia.

En el caso de Enusa, la UCO recuerda que Leire Díez ocupó un puesto como responsable de comunicación coincidiendo en el tiempo con la presidencia de Vicente Fernández al frente de la SEPI. El grupo habría contactado con varios directivos de la empresa pública y, según los investigadores, llegó a tener capacidad para decidir sobre la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes, cuya función aparente era prestar soporte jurídico a la operación vinculada a Acciona.

Sobrecostes y pagos encubiertos

El informe policial detalla que en los contratos adjudicados por Enusa a Acciona se habrían introducido sobrecostes del 50% del importe inicial, aunque la cuantía exacta de los contratos no consta en el escrito remitido al juez. Esos incrementos habrían sido posteriormente canalizados hacia sociedades del entorno de Hirurok. En paralelo, los investigadores detectan una correlación temporal con una serie de pagos realizados por el despacho jurídico a Mediaciones Martínez por un total de 17.545 euros, IVA incluido.

La mediación en Enusa no es el único frente abierto. Otra de las operaciones analizadas se refiere a una ayuda concedida por la empresa pública Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por un importe de 17,32 millones de euros. Según la UCO, el grupo Hirurok habría intervenido para facilitar la aprobación de esta inversión a cambio de un pago de 200.000 euros, tras contactar con cargos de la propia Sepides.

También se investiga la adjudicación de un contrato público de 2,8 millones de euros por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a una unión temporal de empresas formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente. En este caso, los investigados habrían influido en el proceso a través del presidente de la Mesa de Contratación y habrían obtenido a cambio 400.000 euros, canalizados mediante operativas destinadas a ocultar el origen de los fondos y a generar una desconexión entre ese origen y los destinatarios finales.

El informe de la UCO recoge asimismo beneficios derivados de la concesión de un rescate por parte de la SEPI a la empresa Tubos Reunidos, valorado en 112,8 millones de euros. Por esta actuación, los investigadores calculan que el grupo Hirurok habría obtenido 114.950 euros. Finalmente, se analiza la adjudicación de un contrato menor, por importe de 18.119 euros, por parte de Mercasa a la empresa Servinabar, considerada vinculada a Antxon Alonso y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En este caso, los investigadores sostienen que los implicados, en connivencia con directivos de la sociedad pública, justificaron de forma mendaz la necesidad de un cambio de sede y encargaron a Servinabar un informe técnico que inflaba el coste de las obras de rehabilitación de la sede central de Mercasa.