La investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas ha dado un nuevo paso este jueves, cuando la Policía Nacional ha accedido a la sede de la aerolínea Plus Ultra con el objetivo de clonar sus servidores. El propósito de esta intervención ha sido recabar pruebas sobre posibles anomalías en el rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió por parte del Gobierno. Esta actuación se enmarca en una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La compañía aérea, que mantiene vínculos con Venezuela, recibió en 2021 un rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fue objeto de una investigación judicial que, en su momento, quedó archivada debido a un error procesal relacionado con la prórroga de las pesquisas,
El proceso judicial anterior se remonta a noviembre de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Madrid aceptó los argumentos presentados por Plus Ultra. La aerolínea recurrió su imputación alegando que se había superado el plazo legal de doce meses para acordar dicha imputación desde el inicio de la instrucción. Los magistrados respaldaron esta postura, subrayando que “en un proceso con todas las garantías” no podía citarse ya a la compañía.
Por qué se archivó este caso
La magistrada Esperanza Collazos había omitido el trámite de prórroga y llegó a citar a la aerolínea en dos ocasiones, en mayo y junio de ese año, aunque la comparecencia nunca llegó a celebrarse. La Audiencia madrileña señaló que “la expiración del plazo conlleva la inviabilidad de incorporar el material instructorio”, lo que condujo al archivo del caso y al sobreseimiento provisional dictado en enero de 2023. Las acusaciones populares en aquella investigación estuvieron representadas por Vox, el Partido Popular y el colectivo Manos Limpias.
El objeto de la causa era determinar si el rescate concedido por el Gobierno a Plus Ultra, en el contexto de las ayudas públicas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, se ajustó a la legalidad. Los peritos designados por el juzgado consideraron que la aerolínea presentaba signos de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que, a su juicio, la inhabilitaba para acceder a los fondos del rescate. Sin embargo, tanto la SEPI como dos consultoras externas avalaron que Plus Ultra no se encontraba en causa de disolución en el momento de recibir las ayudas. Por su parte, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid concluyeron entonces que no existían indicios de delito.
Fiscalía Anticorrupción asume la nueva investigación
La investigación que se ha reactivado ahora está siendo dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la operación en curso, aunque la conexión con el procedimiento anterior podría explicar que la misma magistrada se haya hecho cargo de las nuevas diligencias o haya optado por reabrir las anteriores.Uno de los aspectos que la investigación de 2022 trató de esclarecer fue el destino de parte de las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra, en concreto, el pago realizado a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El equipo de peritos que asesoró a la compañía defendió que dicho desembolso respondía a una deuda pendiente que no pudo saldarse antes debido al embargo y a las sanciones internacionales que pesaban sobre la petrolera. Por el contrario, los peritos independientes designados por el juzgado consideraron que no era habitual priorizar ese pago cuando existían otras operaciones más urgentes dentro de la mercantil. Hasta el momento, la investigación permanece bajo secreto y no se han difundido nuevos datos sobre el desarrollo de la operación.
Registros en varias ciudades y secreto de sumario
En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado una serie de registros en empresas relacionadas con Servinabar, dentro de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Esta operación ha cobrado especial relevancia tras la detención, el día anterior, de Leire Díez —exmilitante del PSOE y fontanera de Ferraz— y de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ambos investigados por supuestas irregularidades en contrataciones públicas. Además, se ha producido un tercer arresto en Vizcaya vinculado a la misma causa, según ha detallado El Debate en su cobertura.
Los registros efectuados por la UCO han tenido lugar en Madrid, Sevilla y Zaragoza, y se han centrado en sociedades vinculadas a Servinabar, empresa cuyo propietario es Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, de acuerdo con la información recabada por la UCO. Las fuentes consultadas han precisado que, en esta nueva fase de las diligencias, no se prevén nuevas detenciones.
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