El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que incluye medidas destinadas a proteger a los propietarios en circunstancias de impagos derivados de contratos de alquiler con jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables cuya renta no supere el índice estatal de referencia. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado que esta cobertura gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, junto con Ceuta y Melilla, supone “dar un paso más” para garantizar el acceso a la vivienda en España y proteger a caseros e inquilinos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anticipó desde el Senado la previsible aprobación de este paquete y subrayó que la iniciativa pretende “dar garantías” y contrarrestar “discursos que alimentan el miedo” respecto a la situación actual del mercado de la vivienda.
El respaldo estatal a los dueños de viviendas que alquilen a sectores en riesgo social proviene de una promesa reciente del presidente del Ejecutivo ante la petición de Junts de incluir este punto. Pedro Sánchez explicó que el Gobierno avanzaría con un real decreto que que contase con una partida presupuestaria “que ayude a los propietarios ante los impagos”.
Quién podrá beneficiarse de la cobertura
Este nuevo aval público estatal para el alquiler de vivienda busca marcar un cambio en la gestión del riesgo de impago para propietarios, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Vivienda. El diseño de esta cobertura pretende priorizar el acceso a la vivienda de colectivos especialmente afectados por las dificultades del mercado. Entre las condiciones para los arrendadores que se quieran beneficiar de la ayuda figuran la necesidad de depositar la fianza obligatoria y la suscripción de un compromiso de aval conforme al modelo aprobado por la Administración.
Además, mientras las normas estatales fijan la base común, las comunidades autónomas podrán implementar criterios adicionales para acceder a la ayuda, adaptando la medida a la realidad local.
El decreto contenmpla compensaciones por impago de rentas de alquiler, daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos”, según recoge el documento oficial. Sin embargo, cabe destacar que la protección estará limitada a situaciones surgidas en contratos que se encuentren vigentes al 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha adelantado que próximamente se habilitará una línea presupuestaria específica para la financiación del programa, que requerirá el envío de informes semestrales por parte de las comunidades, detallando la aplicación concreta del aval público.
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