El próximo martes, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que reúne a Congreso y Senado, debatirá dos iniciativas impulsadas por el Partido Popular y Vox que buscan revisar, restringir o directamente vetar la adjudicación de contratos públicos en sectores estratégicos a empresas consideradas “proveedores de alto riesgo”, con especial atención a la tecnológica china Huawei.
Este debate se produce en un momento de creciente preocupación internacional por la seguridad de las infraestructuras críticas, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de ciberdefensa, en un escenario marcado por el aumento de los ciberataques, la guerra híbrida y la competencia tecnológica entre bloques geopolíticos.
Así, la primera iniciativa parte del PP y ha sido registrada en el Senado. El texto pone el foco en los contratos adjudicados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Huawei para tecnología relacionada con sistemas de interceptación legal de comunicaciones. Según argumenta la formación, la compañía está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de China, cuyo artículo 7 obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia de su país.
Una reforma de la contratación pública en sectores sensibles
A partir de esta premisa, el PP propone una “revisión estratégica” de las políticas de contratación del sector público en ámbitos especialmente sensibles. El objetivo es restringir la participación de proveedores extranjeros calificados como de alto riesgo “en función de su vinculación legal o estructural con gobiernos de regímenes autoritarios”, una línea que, según los populares, ya han adoptado diversos países occidentales.
La moción también solicita al Gobierno la elaboración de un informe detallado sobre los contratos en vigor en sectores críticos que hayan sido suscritos con empresas sometidas a obligaciones de colaboración con servicios de inteligencia extranjeros. Ese documento debería incluir las medidas de mitigación de riesgos y las garantías aplicadas para proteger los intereses esenciales de la seguridad nacional.
Vox pide vetos y más medios para ciberseguridad
La segunda iniciativa que llegará a la Comisión ha sido impulsada por Vox desde el Congreso y va un paso más allá al proponer prohibiciones explícitas. El grupo reclama que se impida la adjudicación de contratos que afecten a la Seguridad Nacional a empresas consideradas proveedores de alto riesgo, siguiendo las directrices recogidas en la Comunicación de la Comisión Europea C(2023) 4049.
Además, el texto de Vox incluye un refuerzo de los recursos materiales y humanos de los organismos responsables de la ciberseguridad en España, con mención específica al Centro Criptológico Nacional, una de las piezas clave en la defensa digital del Estado.
Vox sostiene que el Ejecutivo ha priorizado los vínculos con China y ha permitido la participación de empresas chinas en contratos altamente sensibles. Entre los ejemplos citados figura un contrato de 12,3 millones de euros para la renovación de los servidores donde se almacenan las escuchas de la UCO de la Guardia Civil, adjudicado a Huawei.
Una tendencia alineada con Europa y los aliados occidentales
El debate que se abre en la Comisión Mixta no es una excepción. En los últimos años, la Unión Europea y varios Estados miembros han endurecido su postura respecto al uso de tecnología de determinados proveedores en infraestructuras críticas, especialmente en el despliegue de redes 5G y en los sistemas de gestión de datos sensibles. Países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia han establecido restricciones parciales o totales a ciertas compañías.
Las iniciativas del PP y Vox se insertan, por tanto, en una corriente más amplia que busca reducir las dependencias tecnológicas de países considerados estratégicamente rivales y reforzar la autonomía digital europea.
La gobernanza de la ciberseguridad, en revisión
A este paquete de propuestas se suma una tercera iniciativa del PP que apunta directamente al modelo español de gestión de la ciberseguridad. Los populares plantean una reforma “urgente e integral” del sistema actual, ante lo que califican como un “incremento notable en el volumen e impacto de ciberincidentes”.
Entre las medidas propuestas figura la creación o designación de una autoridad nacional única o, al menos, un órgano coordinador en materia de ciberseguridad, con mayor capacidad de reacción ante incidentes graves. También se propone acelerar la transposición de la directiva europea NIS2, que refuerza los requisitos de seguridad para operadores esenciales y servicios digitales.
La propuesta incluye igualmente el refuerzo de la cooperación con el sector privado y las comunidades autónomas, así como la dotación al Sistema de Seguridad Nacional de capacidades analíticas y operativas específicas en ciberseguridad y desinformación.
*Con información de Europa Press.
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