La decisión de Hacienda de retrasar un año en la entrada en vigor del sistema digital Verifactu para autónomos y pymes ha sido acogida con alivio por las patronales del comercio especializado, que temían quepanaderos, carniceros y pescaderos no tuviesen margen suficiente para adaptarse a la snuevas exigencias de digitalización. Mientras, el Consejo General de Economistas (CGE) ha ofrecido una lectura menos positiva y advierte sobre la incertidumbre y complicaciones que implica para las empresas esta modificación tan tardía del calendario.
El Gobierno ha decidido posponer la implantación obligatoria de Verifactu, la nueva plataforma de verificación digital de facturas, de modo que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y desde el 1 de julio de ese año para el resto. El objetivo de esta medida es combatir el fraude fiscal forzando a empresas y profesionales a adaptar sus sistemas informáticos a los requisitos del nuevo reglamento.
Las patronales Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) y Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) han calificado de “positivo” el aplazamiento, alegando que permitirá a los comercios ganar tiempo para adaptarse. Así, las tres patronales se suman a la lectura realizada ayer por Foment, Cepyme y la asociación de autónomos ATA, que piden mayor flexibilidad para aquellas sociedades con menos medios
Alivio para los pequeños empresarios
Estas tres organizaciones, que ya habían solicitado a Hacienda una moratoria para evitar riesgos sobre la viabilidad de sus negocios, reclaman además medidas complementarias: exenciones para los profesionales mayores de 60 años, mayor flexibilidad para colectivos vulnerables y deducciones fiscales específicas. También exigen un plan que facilite la transición al entorno digital para pymes y empresas artesanas, con apoyo económico, técnico y formativo. Insisten en que sus sectores “son un elemento esencial para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y de barrio y la calidad de vida de la ciudadanía”.
En contraste, el Consejo General de Economistas (CGE) rechaza este giro de calendario. En opinión del CGE, aunque el aplazamiento puede dar un “respiro” a quienes aún no estaban listos, genera dificultades adicionales y gastos inesperados a las organizaciones que ya habían invertido en la preparación para cumplir la norma en el plazo original. El organismo señala que una mayor estabilidad en los plazos de entrada en vigor es necesaria para que las empresas puedan planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbre.
Los autónomos critican los cambios de calendario
Similarmente, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), calificó el martes el retraso como un “despropósito” y denunció la inseguridad que provoca el cambio constante de planificación: “Estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza”. Abad, además, cuestionó la capacidad real del sistema Verifactu para actuar contra el fraude fiscal, señalando que “el Verifactu no va a ser capaz de luchar contra el fraude” porque no aborda la problemática de las facturas que nunca llegan a emitirse.
Por parte de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), la organización expresó su sorpresa por la medida, al asegurar que Verifactu “no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo”, ya que la responsabilidad de la adaptación recae en los proveedores de software, no en los trabajadores por cuenta propia. Para Uatae, el cambio “contribuye a la inseguridad jurídica” y esta alteración inesperada recuerda otros ajustes normativos poco claros, como los relacionados con los límites de los módulos.
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