El presidente popular de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha quedado en libertad provisional tras haber sido detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El arresto se produjo en el marco de la segunda fase de la trama por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Según han informado fuentes judiciales a EFE, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha impuesto a García la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado y le ha retirado el pasaporte, tal y como había solicitado el fiscal. Únicamente el abogado del PSOE, Javier Salvador, había solicitado su ingreso en prisión. Además de García, fueron detenidos otras cuatro personas, el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, su número dos; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, el hijo de este último y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. El magistrado ha adoptado para todos ellos las mismas medidas cautelares que para el presidente.
La investigación se ha centrado en la adjudicación de un contrato urgente de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas, guantes y monos sanitarios a la empresa Azor Corporate Ibérica. La causa, que ya suma al menos una decena de supuestos implicados entre detenidos e investigados, ha salpicado también a familiares de García, concretamente a una hermana y un hermano, así como al exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria. Este último ha vuelto a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.
La gestión de Javier Aureliano García ya había sido objeto de escrutinio en 2021, cuando la Guardia Civil arrestó a Óscar Liria por supuestas comisiones en la adjudicación del contrato de material sanitario. En aquel momento, García defendió públicamente la limpieza del expediente de compra, asegurando que el procedimiento fue riguroso y que no tenía conocimiento de pagos ilegales. Según la investigación realizada en su día por elDiario.es, los agentes situaron en el centro de sus pesquisas el expediente de adjudicación del contrato urgente a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas.
El TSJA investiga hasta cinco delitos
Según el auto que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) a practicar las detenciones oportunas, existen sospechas fundadas de hechos que podrían constituir delitos de cohecho, malversación y blanqueo. La investigación apunta a una colaboración en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos para beneficiar a determinadas empresas, a cambio de comisiones presuntamente destinadas a los investigados.
Parte de estas contrataciones habría tenido lugar en la Diputación y, en algunos casos, en el Ayuntamiento de Fines. El juez instructor sostiene que, aunque algunos de los investigados no participaron directamente en la adjudicación de contratos, sí habrían intervenido en la canalización posterior de fondos ilegales hacia el circuito legal, lo que se vincula al delito de blanqueo.
El procedimiento judicial contempla medidas cautelares de aseguramiento sobre el patrimonio de los investigados. Se han inmovilizado cuentas bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre las medidas figura la prohibición de vender o transferir propiedades y vehículos a motor, con el objetivo de evitar que los presuntos responsables dispongan de sus activos antes de que se determinen eventuales responsabilidades penales y civiles.
*Con información de EFE
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