El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado formalmente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que remita toda la documentación o testimonios que posea sobre las afectadas por deficiencias informativas y retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Esta petición debe cumplirse en un plazo máximo de diez días hábiles.
El requerimiento se realiza, según el escrito del SAS remitido a Ángela Claverol, presidenta de la asociación, “con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas”.
Así, mientras que en los últimos dos meses desde que se conociese la crisis de los cribados en Andalucía Amama ha realizado declaraciones en las que señalaba que el número de afectadas es superior al comunicado de forma oficial por la Consejería de Sanidad, desde la Junta de Andalucía denuncian justamente lo contrario. En el escrito del SAS señalan que la asociación ha difundido cifras que “no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales”, lo que habría generado “una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada”.
De esta manera, sostienen que Amama habría señalado la existencia de un número de mujeres no informadas o informadas con retrasos en pruebas diagnósticas “en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por la administración sanitaria”. Así, mientras el lunes la presidencia de la asociación elevaba a casi 4.000 el número de mujeres afectadas —aunque destaca que el trabajo continúa porque “cada día llega alguna mujer nueva”—, la Junta de Andalucía ha cifrado las víctimas en 2.317.
El choque entre Amama y la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía también ha señalado que toda esta información que debe ser remitida por Amama en un plazo máximo de diez días hábiles será tratada “con absoluta confidencialidad” y que su uso se limitará únicamente a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial.
El requerimiento formal se suma a la creciente distancia que ya existe entre la asociación y la Junta de Andalucía. A principios de esta semana, Amama denunciaba que el Partido Popular regional había vetado su presencia en el Parlamento andaluz; además, señalaba que su asociación era la única a la que la Junta le había pedido un acuerdo de confidencialidad antes de recibir el borrador del texto de la actualización del Proceso Asistencial del Cáncer de Mama y para asistir a la segunda mesa de seguimiento.
“De alguna manera nos quieren calladitas y sumisas”, señalaba Claverol ante los medios de comunicación. “Si usted no me deja hablar en el Parlamento, tampoco puedo hablar nada aquí, ¿a qué vengo? ¿A hacerme la foto como que he venido a la mesa de seguimiento del cribado?“.
223 casos de mujeres analizados hasta el momento
Junto a todo esto, Amama anunció el martes que ya había presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en representación de las afectadas por la crisis de los cribados. Por el momento, la organización ha analizado 223 casos de mujeres que han sufrido las consecuencias de los retrasos en la información de las mamografías, aunque ha insistido en que los casos siguen aumentando.
*Con información de EFE
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