Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

La crisis de la vivienda que afecta a los españoles no parece tener un final cercano. Con una oferta mermada, incapaz de satisfacer la creciente demanda de las familias, tanto para la compra como para el alquiler, y unos precios al alza que superan los registrados en 2008, previos al ‘boom’ del ladrillo, los distintos actores del sector proponen sus soluciones para revertir la situación. Un problema que afecta principalmente a los jóvenes españoles, que ven cómo deben posponer su emancipación por la dificultad de encontrar un piso en el que vivir.

Una de las medidas barajadas por las Administraciones es el aumento de las construcciones de viviendas. Este 2025, las concesiones de visados para hacer nuevas viviendas superaron las 84.000 en los siete primeros meses del año, una cifra que no se registraba desde 2007, previo al estallido de la burbuja, lo que evidencia un mayor impulso constructor, según los datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Las estadísticas de la cartera que ostenta Óscar Puente reflejan que se han incrementado los permisos un 11% respecto al mismo periodo de 2024, pero están muy lejos de los más de 188.300 contabilizados en 2007.

Sin embargo, contra la idea de que la solución sería crear nueva vivienda se posiciona Javier Gil, doctor en Sociología e investigador del CSIC. El especialista considera que las políticas implementadas desde los años 80, que han fomentado la construcción, nos han llevado hasta la situación actual. Además, señala que la premisa de que se están creando muchos más hogares “por el millón de migrantes que han llegado en los últimos años, por lo que no se construye al mismo ritmo” es falsa, porque los precios de la vivienda no han comenzado a subir desde 2022, sino que llevan en alza desde 2014. “Hay municipios donde los hogares crecen un 3% y el precio de la vivienda se dispara un 80%. No hay relación en este país entre cambios demográficos y el precio de la vivienda”, explica.

Pese a que no cree que esta sea la solución, Gil considera que hay lugares en los que más construcción sí es necesaria, pero aclara no puede ser la respuesta principal porque “hay mucho interés en eso, mucho dinero en juego, y es generar burbujas inmobiliarias asociadas a la construcción”. Además, el investigador pone en duda la finalidad de estas nuevas construcciones: “¿De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos?”

Convertir los pisos turísticos en residenciales

El investigador pone el foco en los pisos turísticos y en su posible utilidad para mermar el problema de la vivienda: “Hay más de 380.000 viviendas funcionando como pisos turísticos en este país. Si tú prohíbes usos antisociales y haces que todos esos pisos vuelvan al mercado residencial, de un día para el otro tienes 380.00 viviendas en el mercado de España”. Gil asegura que los propietarios, pese a que se quejarán por no poder arrendar sus propiedades a los turistas a 5.000 euros —ejemplifica con un piso en Gran Vía—, los alquilarán a 2.000, porque sigue siendo una rentabilidad muy elevada.

El experto señala que “hay muchas medidas que se pueden tomar antes de construir”, pero esta es “la medida por excelencia del sector inmobiliario y la especulación” —en referencia a la construcción— y los datos actuales no dicen que el precio de la vivienda haya subido por los cambios demográficos, porque “eso no explica la subida entre 2014 y 2020″.

Una de las medidas de vivienda más criticadas de los últimos meses es el Plan Reside, presentado por la Comunidad de Madrid. Según la Administración, el objetivo es concentrar alojamientos en edificios exclusivos, incentivar la conversión de oficinas en viviendas y proteger el comercio de barrio. Sin embargo, desde la oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid señalan que este plan perjudicará a los vecinos, ya que es “una llamada a la expulsión de comunidades de vecinos completas” y que, lejos de blindar el uso residencial, “favorece la transformación total de edificios”. Sobre el plan madrileño, el investigador destaca que para muchas personas que viven en un edificio donde hay muchos pisos turísticos “la convivencia es imposible por el ritmo del día a día, los horarios, el ruido y el uso que hacen de la propiedad”.

Impuestos a la compra no residencial

Sobre los métodos para acabar con las compras especulativas de viviendas —como los que adquieren pisos para alquiler turístico y no para residir en ellos—, Gil destaca que se debe fomentar que quien compre una casa sea para vivir en ella, no para hacer negocios, por lo que habría que “regular la compra no residencial, pero no solo a la gente de fuera, sino también a los especuladores de aquí que se pueden permitir comprar pisos para ponerlos en alquiler” y que el que tiene dinero “invierta en otro sector”.

Además, el investigador comenta que las compras de no residentes son “el negocio por excelencia, la especulación ha sido el motor de desarrollo de este país”, por culpa de la regulación existente. Según explica, en la actualidad, quien se lo puede permitir invierte en vivienda para ganar dinero, pero también como un mecanismo de protección social. “Si garantizas los derechos básicos, que la gente tenga pensiones, educación, sanidad, vivienda, no van a gastarse el dinero en especular, sino en vivir bien”.