La Policía Nacional ha dado a conocer este sábado la imputación de cuatro directores de centros de menores inmigrantes de Gran Canaria y Lanzarote y de un empresario inmobiliario por presunto blanqueo de capitales, al compincharse para desviar casi 2,5 millones de euros provenientes de fondos europeos que se habrían embolsado.
Según fuentes policiales, las acusaciones son producto de “una compleja investigación económico-patrimonial” iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Canarias en 2022, cuando un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (Sepblac) alertó de irregularidades en varios centros gestionados por la Fundación Siglo XXI.
El comunicado de la Jefatura Superior, detalla que el Sepblac advertía de “multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados”. Una vez abierto el caso por una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, se puso en marcha la llamada operación “Tabaiba”, que se ha prolongado durante tres años, pasando a manos del Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria y bajo la dirección de la Fiscalía Europea y con pesquisas todavía abiertas.
La Policía explicó también que el análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos ‘Next Generation’, transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico. “De un total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros”, detalla.
Además, la Jefatura añade que entre los gastos personales hallados destacan operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes y expone que, para tapar sus actos, recurrieron a presentar “facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos”.
El alquiler de los centros de menores tenía sobreprecios
Además, la Policía explica que, en esta operación de lavado de capitales, los implicados urdieron “un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores” en connivencia con su dueño, un empresario que “utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado”.
Según el documento presentado por las autoridades, llegaron a cobrar “un sobreprecio que superó los 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023”, dinero que era desviado a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, “evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales”, apunta.
La Policía apostilla que, “como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada”. Según el texto, ninguno de los implicados cuenta con antecedentes policiales y los cinco tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años. Por el momento, las actuaciones judiciales continúan abiertas y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.
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