Sebastián Ramírez, abogado: “La Unión Europea ha declarado nulos casi todos los préstamos que hay en España”

Una resolución europea y varias sentencias del Supremo de 2025 refuerzan la protección frente a intereses abusivos en tarjetas ‘revolving’, abriendo la puerta a reclamaciones

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Deudas por tarjetas de crédito.
Deudas por tarjetas de crédito.

Una reciente decisión de la Unión Europea podría impactar de manera significativa a los usuarios de créditos y tarjetas en España. De acuerdo con declaraciones del abogado Sebastián Ramírez, prácticamente la totalidad de los préstamos vigentes en el país han sido declarados nulos por las autoridades comunitarias. Esta resolución afecta a numerosos consumidores que, según Ramírez, se ven atrapados en pagos mensuales de tarjetas o créditos que parecen interminables debido a intereses considerados ilegales.

La apreciación de Ramírez apunta a un fenómeno frecuente: “Estoy seguro de que conoces a alguien que cada mes se está pagando una tarjeta, un préstamo y no acaba nunca. Parece que ese préstamo es eterno.” Según el abogado, esto responde a la aplicación de tasas de interés que, según la Unión Europea, no cumplen con la legalidad vigente. “La mayoría tienen intereses que se han declarado que están totalmente fuera de la ley”, aseguró Ramírez en un video publicado en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas), quien añadió que, como resultado de esta situación, el banco tendría la obligación de devolver al cliente la totalidad de los importes cobrados por estos conceptos.

El letrado, que se dedica a la divulgación legal en sus redes sociales, subrayó que los usuarios afectados pueden recurrir a vías legales para revisar y, en su caso, reclamar la devolución de las cantidades abonadas.

Más protección para los clientes

El abogado se refiere a un reciente fallo de la Unión Europea, con el que el tribunal comunitario ha reafirmado su compromiso con la protección de los consumidores frente a los abusos de las tarjetas ‘revolving’, una modalidad de crédito que permite aplazar pagos mediante cuotas mínimas, pero que puede generar intereses desorbitados. En 2025, el Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias decisivas que redefinen el marco de protección frente a las tarjetas de crédito ‘revolving’, reforzando el principio de transparencia y ampliando las posibilidades de reclamación para los consumidores. Estas resoluciones del Pleno de la Sala Primera determinan que las cláusulas que fijan la TAE remuneratoria no deben analizarse aisladamente, sino de forma conjunta con las cláusulas relativas al sistema de amortización, al anatocismo (capitalización de intereses) y al nivel de cuota mensual, pues su combinación puede generar un desequilibrio grave en perjuicio del consumidor.

ARCHIVO – Tarjetas de crédito
ARCHIVO – Tarjetas de crédito VISA y MASTER en Buffalo Grove, Illinois, el jueves 8 de febrero de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictaminó en marzo de 2021 que la Directiva europea sobre crédito al consumo no impide que los Estados miembros limiten los tipos de interés para evitar la usura. Este fallo avala la doctrina del Tribunal Supremo español, que permite anular contratos con intereses “manifiestamente desproporcionados”. Según el TJUE, aunque la directiva armoniza ciertos aspectos básicos, cada país puede aplicar normas más estrictas para proteger a los consumidores, siempre que respeten el marco comunitario.

Sentencias que avalan las devoluciones

La Comisión Europea también estudia reforzar la regulación de estos productos en la próxima revisión de la Directiva de Crédito al Consumo, que los Estados deberán adaptar antes del 20 de noviembre de 2025. Asociaciones como Asufin han reclamado que la nueva normativa incluya límites claros a los intereses de las tarjetas, que en algunos casos alcanzan el 20% TAE.

En España, esta interpretación europea ha impulsado una oleada de sentencias que anulan contratos por falta de transparencia y por aplicar intereses abusivos. Aunque la UE no ha fijado un tipo máximo común, su respaldo a las medidas nacionales refuerza la lucha contra el sobreendeudamiento y obliga a las entidades financieras a garantizar una mayor claridad y responsabilidad en la concesión de crédito.