El Gobierno del Principado de Asturias ha desatado una fuerte controversia al impulsar una ley que, según los sindicatos, obligará a los profesores a asumir tareas de enfermería en los colegios. La propuesta, recogida en el Anteproyecto de Ley de Salud Escolar, ha sido rechazada de pleno por las organizaciones sindicales del sector educativo, que advierten de los riesgos y la falta de concreción de la normativa.
“Una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de la concreción necesaria que impida la atribución de funciones al profesorado que rebasan sus competencias profesionales”, afirmó el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) en un comunicado.
El texto legal establece que el personal docente deberá colaborar en la vigilancia del estado de salud del alumnado, formarse para el adecuado desarrollo de las actuaciones de salud escolar en las que participe o colabore y conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas.
El texto ha generado inquietud entre los sindicatos, que consideran que la ley traspasa el papel del docente. “La propuesta resulta ambigua respecto al papel y los límites del personal docente en la administración de medicamentos o en su implicación en tareas relacionadas con el ámbito sanitario”, denunció ANPE. “No recoge nuestras reivindicaciones de restringir el papel del docente al deber general de socorro”, concluye.
CSIF: un modelo “de baratillo”
El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha sido aún más contundente en su rechazo, calificando el modelo propuesto como “de baratillo” y alertando que la ley “pondrá en peligro la salud del alumnado”.
“No se pueden delegar tareas clínicas en el personal docente sin formación ni cobertura jurídica”, sostuvo CSIF en otro comunicado. “La atención sanitaria en los centros exige personal sanitario escolar estructural, integrado en la plantilla y con responsabilidad definida; no ‘presencias puntuales’ ni derivaciones que dejan al alumnado desatendido y al profesorado sobrecargado”, añadió.
Formación y unidades especializadas
El anteproyecto contempla la creación de una Unidad de problemas graves de salud, dependiente de un órgano externo de orientación educativa, que desarrollará programas de aulas hospitalarias y atención domiciliaria. También establece la formación permanente del personal docente y no docente en salud escolar, a través de entidades públicas o privadas autorizadas.
Sin embargo, ANPE advierte que no se garantiza un horario específico dentro de la jornada laboral para esta formación, lo que incrementa la carga de trabajo y la presión sobre los docentes.
Para CSIF, sin embargo, el planteamiento no asegura la atención continuada ante necesidades reales, como patologías crónicas, emergencias, salud mental o seguridad alimentaria, y depende excesivamente de la buena voluntad del claustro docente.
Un sistema sobresaturado
Las cifras reflejan la precariedad del sistema: en España hay 2.225 enfermeras para 30.000 centros escolares, según el Consejo General de Enfermería (2023). Esta escasez ha obligado a que los docentes asuman responsabilidades sanitarias para las que no están formados ni legalmente cubiertos.
La ley busca establecer derechos y deberes en materia de salud escolar, definir competencias y organizar las actuaciones en los centros educativos del Principado. Entre sus objetivos se incluyen la prevención de lesiones, violencia, adicciones, violencia de género, conducta suicida, sobrepeso, obesidad, caries y enfermedad periodontal.
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