El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su propuesta para una reforma constitucional que permita incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. El texto, que deberá pasar por el Consejo de Estado, plantea incluir este derecho en el artículo 43 a partir de una reforma ordinaria.
En un cuarto punto, el nuevo texto constitucional incluiría. “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
“Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad sobre su propio cuerpo”, ha declarado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma viene motivada, según ha explicado Redondo, por la “ola reaccionaria” nacional e internacional contraria al derecho al aborto. “Consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que se produzcan retrocesos, en el presente y en el futuro”, ha añadido.
El aborto ha estado en el centro del debate político en las últimas semanas, desde que el Ayuntamiento de Madrid aprobase una medida a propuesta de Vox que obligaba a los sanitarios de la capital a informar de un presunto síndrome postaborto, que carece de evidencia científica. Posteriormente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba su rechazo a la creación del registro de objetores de conciencia, medida de obligado cumplimiento desde la reforma de la ley del aborto de 2023.
“Estamos garantizando los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario público”, ha explicado Redondo. Actualmente, esta práctica se realiza casi en su totalidad dentro de la sanidad privada, que acapara el 80% de los procedimientos. La reforma constitucional sería un refuerzo para un derecho ya reconocido, tanto en ley orgánica como en dos sentencias del Tribunal Constitucional.
No será una “reforma sencilla”
El Gobierno sabe que esta no será una “reforma sencilla” y así lo ha admitido la propia Ana Redondo. Para llevar a cabo esta reforma ordinaria, la propuesta necesitará una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado y, en consecuencia, el apoyo del Partido Popular.
“Espero que el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres”, ha subrayado Redondo. Pero los populares, por el momento, han rechazado respaldar esta reforma.
Los socios de Gobierno tampoco están del todo convencidos: fuentes de Sumar aseguraban este martes a EFE que la revisión propuesta por el PSOE es “insuficiente” y le preocupa que pueda implicar un retroceso para los derechos de las mujeres. Juristas consultados por Infobae España adelantaban que es una reforma que “no serviría de nada”, al no incluir la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental.
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