Las antiguas instalaciones penitenciarias del Ministerio del Interior adquirirán una nueva función: el Gobierno destinará estos espacios a la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles en ocho puntos diferentes de la geografía española. Según ha detallado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estas actuaciones forman parte de la transformación de Sepes en la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo, con el objetivo de reforzar el parque público de vivienda.
Reaprovechamiento de terrenos penitenciarios
La transferencia de terrenos e instalaciones incluye ocho emplazamientos situados en Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos. Entre los cuales destaca la antigua cárcel de Carabanchel, situada en Madrid, cuya parcela de 27.000 metros cuadrados permitirá “albergar unas 508 viviendas”, según ha asegurado Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros.
Estos terrenos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), están valorados en 78 millones de euros, aunque, al igual que sucede con los suelos y viviendas de la Sareb, el Gobierno tiene previsto que el Ministerio no tenga que hacer ningún desembolso por ellos.
Hacia un nuevo parque de vivienda pública
Por su parte, Rodríguez ha subrayado durante su intervención que el objetivo del Gobierno es “tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho", asegurando que “ese es el impulso” con el que está trabajando, tanto su cartera como el Ejecutivo, “a través de la nueva empresa pública de vivienda”.
“Estamos transformando lo que fueron ‘celdas’ en ‘lugares que serán hogares’”, ha añadido la ministra en la misma comparecencia.
Asimismo, la responsable de Vivienda ha recordado que la conversión de suelos penitenciarios se produce en paralelo a otros planes de transformación, como la reutilización de terrenos militares y la incorporación de activos de la Sareb. En ese sentido, Isabel Rodríguez ha destacado la incorporación de 17 nuevos cuarteles y 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb.
Un plan de transformación ambicioso
El plan para construir nuevas viviendas en antiguos terrenos penitenciarios tendrá su mayor desarrollo en los suelos de la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid. Aquí se levantará el mayor número de inmuebles, con un total de 508 nuevas viviendas.
El proyecto de urbanización aún está pendiente, pero la Entidad Estatal de Vivienda ya tiene asignadas tres parcelas completas y parte de una cuarta para esta actuación. Además, el Ministerio de Vivienda trabajará junto al Ministerio de Memoria Democrática debido a la carga histórica del lugar, que funcionó desde la dictadura franquista hasta 1998 y alojó a numerosos presos políticos y sociales.
La reconversión de antiguas cárceles también se dará en otros puntos del país. En Sevilla, el solar de la Cárcel de la Ranilla, que fue símbolo de represión durante la Guerra Civil y la dictadura y fue derribada en 2007, acogerá 240 viviendas.
Por otra parte, la vieja prisión de Córdoba también sumará 174 viviendas, aunque primero será necesario actualizar el proyecto de urbanización, que se anuló por el aumento de precios.
En el terreno de la antigua cárcel de Dénia, que todavía sigue en pie y está previsto que se derribe, se construirán 145 viviendas. En la vieja prisión provincial de Huesca, inaugurada en 1955 y que en su día acogió a muchos europeos que escapaban de otros países, se harán 140 viviendas.
La antigua cárcel de Torrero, en Zaragoza, donde también hubo represión franquista y cuya demolición comenzó en 2005, será el lugar donde se levantarán 64 viviendas nuevas. En Segovia, la actuación permitirá construir 53 viviendas y, por último, en Briviesca, en la provincia de Burgos, se prevé edificar un total de 8 viviendas.
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