La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado este martes por el Gobierno central que endurece los requisitos para la creación de universidades privadas.
En un foro organizado por Vocento, Ayuso ha calificado la medida como “el último golpe” del Ejecutivo socialista a las comunidades autónomas y, en concreto, a Madrid. “El último golpe se dio, por ejemplo, ayer con un real decreto que ataca a las universidades privadas. Un decreto más que es otra pura arbitrariedad, porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión. Se acaba con la seguridad jurídica, se ataca a las competencias legítimas de cada comunidad autónoma, de las autonomías como tal. Y, al mismo tiempo, está hecha a medida de los nacionalistas una vez más”, ha afirmado.
La presidenta regional ha subrayado que el texto “perjudica a la Comunidad de Madrid, pero no es la única región afectada”. Por su parte, Aragón ya ha dejado clara su negativa ante este real decreto, porque de él depende la llegada de tres proyectos a esta comunidad: Thepower University y Uniar en Zaragoza y la Niccolo Cusano en Calatayud.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, señaló ayer que en los últimos 25 años se han creado 26 universidades privadas y ninguna pública. Además, el pasado 8 de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la que será la decimocuarta universidad privada de Madrid, pese a un informe que cuestionaba su viabilidad. Hace aproximadamente un año Ayuso recibió una carta abierta del rectorado de las seis universidades públicas de la comunidad —Complutense, Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos— en el que alertaba de que, de no recibir más presupuesto, no podría “garantizar la calidad del servicio público”.
Objetivo: reforzar los mecanismos de control y supervisión de los centros privados
En 1983, cuando se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, España contaba con 33 universidades públicas y solo cuatro privadas; cuatro décadas después, ambas cifras están casi igualadas. En el último cuarto de siglo no se ha creado ninguna universidad pública, mientras que han surgido 27 privadas impulsadas por fondos de inversión, la Iglesia o empresarios.
Actualmente, el sistema universitario español está integrado por 96 centros, 50 públicos y 46 privados. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca fijar criterios comunes para que todas las universidades apuesten por la docencia y la investigación, y evitar que se conviertan en “máquinas expendedoras de títulos”.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya había adelantado hace seis meses su intención de frenar la proliferación de “chiringuitos” académicos y reforzar las exigencias para la creación de nuevas universidades. La norma fue modificada durante su tramitación tras recibir alegaciones de comunidades autónomas, de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado, así como de representantes de la comunidad educativa.
*Con información de EFE
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