
La crisis habitacional que afecta a gran parte de los países europeos es cada vez más profunda, lo que contribuye a un preocupante aumento de la exclusión residencial. En la actualidad, más de 890.000 personas se ven afectadas por el sinhogarismo en Europa. En España, este fenómeno afecta directamente a 28.552, según los últimos datos disponibles (2022), lo que supone un aumento del 25% respecto a los datos de 2012. Para revertir esta situación, son importante las políticas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque este solo llega a un 10% de las personas que se encunetan sin hogar, según el estudio Llegar a los más vulnerables: evaluación de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital entre las personas en situación de calle.
Para combatir esta situación, desde el Ejecutivo se desarrolló la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2024, que hereda el propósito de la anterior Estrategia nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020. En este contexto, es clave el papel del IMV, un esquema de renta mínima garantizada, diseñado para prevenir la pobreza y la exclusión social entre grupos vulnerables. Entre los grupos prioritarios se encuentran las mujeres adultas víctimas de violencia de género, supervivientes de trata de personas o explotación sexual y personas en situación sin hogar.
El estudio analiza el impacto de la percepción del IMV en personas en situación de calle, especialmente en Madrid, una región caracterizada por su alta densidad poblacional, donde esta problemática no para de crecer, ya que se concentran las personas procedentes del resto de España como de otras partes del mundo. El trabajo se basa en una muestra de 355 personas, que se encontraban en varias de las categorías definidas por la Tipología Europea sobre el sinhogarismo y la Exclusión Social.
Características de las personas sin hogar en España
Según los autores del estudio, solo el 10% de los consultados recibió el IMV, una cifra minúscula considerando que las personas en situación de calle constituyen un grupo potencialmente elegible para esta prestación. El análisis muestra también que tres de cada cuatro individuos llevan más de un año en esta situación y casi el 40% lo han sufrido en reiteradas ocasiones. Además, tres de cada cinco personas sin hogar padecen una enfermedad grave o crónica, lo que repercute directamente sobre su bienestar y condiciona su situación futura.
Entre los motivos que podrían explicar que solo un porcentaje tan bajo de las personas sin hogar perciban el Ingreso Mínimo Vital, el estudio señala las variables relacionadas con la nacionalidad, el tipo de alojamiento, sufrir una enfermedad grave o crónica, el estado civil, la raza y la duración del sinhogarismo. En contraste, otros factores como la edad, el sexo o el consumo de sustancias no parecen tener una relación significativa con la percepción del IMV.
Sobre la nacionalidad, los autores marcan que las personas con nacionalidad española tienen una probabilidad de 6 puntos porcentuales mayor que quienes no la tienen de percibir el IMV, esto se puede explicar dado que uno de los requisitos para percibir este subsidio es residir en España. Por otro lado, quienes han pasado la noche en un refugio asistencial para personas en situación de sin hogar presentan una probabilidad mayor de acceder a la prestación.
Por otra parte, las personas que aseguran tener una enfermedad grave o crónica tienen una probabilidad de nueve puntos porcentuales menor de percibir el IMV, esto podría explicarse ya que, en algunos casos, estos individuos perciben otros subsidios que pueden excluirlos del Ingreso Mínimo Vital, aunque, según datos de los autores, solo el 5% de las personas en situación de sinhogarismo reciben una pensión por discapacidad y el 6% alguna otra pensión no contributiva.
En cuanto al estado civil, las personas separadas o divorciadas tienen una probabilidad cinco puntos porcentuales mayor de recibir el IMV en comparación con el resto de personas que presentan otros estados civiles. Además, el estudio señala que las personas no blancas, que son habitualmente extranjeras, tienen una probabilidad cinco puntos porcentuales menor de acceder a esta prestación. Por último, reflejan que un mayor tiempo como persona sin hogar conlleva un incremento de cuatro puntos porcentuales más de percibir el IMV.

Las barreras digitales y administrativas dificultan su acceso
Además, los autores señalan que detrás de la no percepción de prestación se encuentran barreras legales o administrativas, como las que afectan a las personas sin hogar que no poseen la nacionalidad española. También señalan que las personas que pernoctan en albergues u otros recursos destinados a personas sin hogar tienen acceso a recursos a los que no se accede viviendo en la calle, como el contacto con trabajadores sociales y personal especializado, que proporciona un apoyo que va más allá de la asistencia material, como la la gestión directa de trámites para garantizar el acceso a determinados servicios.
También interpretan como un factor clave la complejidad del proceso de solicitud del Ingreso Mínimo Vital y la escasa cuantía de la ayuda, que dificultan que en la mayoría de los casos resulte un elemento diferencial en la lucha contra el sinhogarismo. Así falta de información, las barreras digitales y administrativas generan con frecuencia la exclusión de potenciales beneficiarios.
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