La presión política en torno a la participación de Israel en Eurovisión 2026 se ha convertido en un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el conflicto en Gaza atraviesa un momento clave tras el anuncio de Hamás de devolver a todos los rehenes israelíes capturados desde el 7 de octubre de 2023, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) mantiene en su agenda la cuestión de si Israel podrá estar presente en la próxima edición del certamen musical en Viena. Una votación extraordinaria, prevista para noviembre, marcará el rumbo, y España juega un papel protagonista en este proceso.
La propuesta que impulsan RTVE y el Ejecutivo de Sánchez no contempla la expulsión total de Israel de la UER —algo imposible de sacar adelante por la elevada mayoría requerida—, sino un veto limitado a su participación en Eurovisión 2026. Con esta vía, Israel quedaría fuera de la edición vienesa, pero podría regresar en 2027, lo que refuerza la idea de un movimiento simbólico más que de una sanción estructural.
El papel de España y sus aliados
La iniciativa no nace en solitario. Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han acompañado a España en la presión diplomática para que la UER adelantara la votación, inicialmente prevista para diciembre, a una reunión extraordinaria. De hecho, el caso neerlandés ha sido el más contundente: la cadena AVROTROS ya anunció que no participará en Eurovisión 2026 si Israel sigue presente, alegando la situación humanitaria en Gaza y la injerencia política israelí en ediciones recientes.
España, como miembro del Big 5 junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, tiene un peso significativo en las decisiones del festival. La postura de Sánchez, expresada públicamente en críticas severas al Gobierno de Benjamin Netanyahu, refuerza la posición de RTVE dentro de la votación. Sin embargo, para lograr que el veto salga adelante, será necesario un bloque más amplio que incluya a países árabes miembros de la UER, muchos de los cuales nunca han participado en Eurovisión.
Los países árabes, decisivos
La votación del próximo noviembre reunirá a 67 cadenas de 55 países, excluyendo a Israel. En este marco, estados como Argelia, Egipto, Jordania, Líbano o Túnez podrían inclinar la balanza. Pese a no haber participado nunca en Eurovisión, estos países disponen de derecho a voto, y su histórica hostilidad hacia Israel puede ser determinante para Sánchez y sus socios europeos. A ello se suman Turquía y Marruecos, con posiciones más complejas: Ankara abandonó el festival hace años y mantiene una línea crítica con Israel, mientras que Rabat, pese a sus actuales acuerdos diplomáticos con Tel Aviv, en el pasado ya condicionó su participación al veto israelí.
La UER ha establecido que la decisión se tomará por mayoría simple y mediante voto secreto. Este mecanismo, diseñado para evitar presiones diplomáticas, introduce un elemento de incertidumbre, ya que las declaraciones públicas de los gobiernos no siempre coinciden con el comportamiento final de las cadenas nacionales en votaciones internas.
Abstenciones y estrategia
Según el portal especializado Eurovision Fun, el resultado estará marcado por las abstenciones. El análisis de tendencias apunta a unos 20 países dispuestos a votar a favor del veto, 19 en contra y 17 inclinados a abstenerse. Si este escenario se confirma, la clave para que Sánchez logre su objetivo será movilizar a los indecisos y garantizar que el bloque árabe y musulmán no opte por la neutralidad.
La diplomacia cultural se entrelaza aquí con los equilibrios internos de la UER. Cada país cuenta con 24 votos repartidos entre sus emisoras públicas, lo que limita la influencia de los estados con más cadenas y asegura una cierta proporcionalidad. Esto significa que España necesitará convencer tanto a países pequeños como Andorra o San Marino como a potencias con mayor tradición eurovisiva, como Suecia o Noruega, donde las posturas aún no están claras.
La contraofensiva israelí
En paralelo, Israel ha desplegado su maquinaria diplomática. El presidente Isaac Herzog reconoció en una entrevista radiofónica que trabaja personalmente para garantizar la presencia israelí en Viena. Para Tel Aviv, el veto sería interpretado como una victoria política de sus adversarios y un precedente peligroso en otros foros internacionales. La defensa de su permanencia en Eurovisión se enmarca, por tanto, en un esfuerzo más amplio por frenar los intentos de aislamiento en el terreno deportivo y cultural.
La paradoja es evidente: países que jamás han enviado un representante al festival podrían decidir la exclusión de uno de los competidores más exitosos de la historia reciente, con cuatro victorias desde 1978. Mientras, RTVE y el Gobierno de Pedro Sánchez se aferran a esta oportunidad de trasladar a un escenario mediático global su política de firme oposición a la actual gestión israelí del conflicto en Gaza.
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