
De ahora en adelante, las mujeres que acudan a abortar en Madrid tendrán que someterse a un discurso sobre el supuesto “síndrome postaborto”. El pasado martes, el Pleno, con mayoría absoluta del PP, aprobaba una propuesta de Vox con la que será obligatorio informar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de que hacerlo puede llevarlas sufrir el supuesto síndrome. Para la oposición, es una medida propia del NO-DO, mientras que desde el partido de ultraderecha aseguran que desde hace años se realiza una “propaganda salvaje” de este derecho.
Esta información, según explicaba el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, “será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible” en los centros municipales de Madrid Salud, los espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, SIAM, Samur Social y centros de Servicios Sociales. “Cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas debemos ayudarla”, defendía Fernández, que pese a que el PP es el partido “a favor de la vida”, no es “ajeno” a la ley. “Pero no es un derecho fundamental, señores de la izquierda, es más, no está recogido en la Convención de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a aceptar lecciones ni de la izquierda ni de Vox”, ha apuntado.
La propuesta la presentó Carla Toscano, que en su discurso dio cifras sin especificar la fuente como que “el 91%” de las mujeres que abortan lo sufren. “La izquierda con la colaboración del PP ha hecho una propaganda salvaje del aborto que ha tenido un éxito macabro (…) La consecuencia más trágica son los millones de vidas que no llegaron a ver la luz y otra consecuencia es el síndrome postaborto, un trauma para la madre y para el padre, que nunca se le tiene en cuenta”, ha defendido. Entre los síntomas de ese supuesto síndrome está “depresión, sentimiento de culpa, pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad”, entre otras. Toscano también ha sostenido cosas como que el número de abortos en España “equivaldría a eliminar a casi toda la ciudad de Madrid”.
Una decisión libre y sin condicionamientos
Desde la oposición, la edil del PSOE Meritxell Tizón ha criticado el discurso de Toscano por ser “propio del NO-DO”: “La decisión de abortar tiene que adoptarse de forma libre y recibiendo información precisa y sin ningún tipo de juicio de valor”. También ha recordado que “una mujer no se levanta un día y dice alegremente: ‘Voy a ir a abortar’”, por ello ha culpado a Vox de olvidarse que detrás de un aborto hay muchísimas circunstancias personales que tienen que adoptarse de “forma libre”, recibiendo información “precisa y sin ningún tipo de juicio de valor".
De hecho, en 2022 se aprobó la ley que modifica el Código Penal con el fin de castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto. “El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”, reza el el artículo 172 quater.
En este sentido, Carolina Elías, de Más Madrid, ha propuesto “avances reales” como blindar constitucionalmente el derecho al aborto, garantizarlo como una prestación sanitaria en la red pública, “sin burocracias ni esperas”. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la iniciativa en sus redes sociales al considerar que los populares y Vox “no buscan informar, sino infundir miedo a las mujeres en un momento tan difícil”. “Los problemas de salud mental están más vinculados a un embarazo no deseado que a su interrupción”, ha añadido.
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