La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha presentado este martes un recurso directo de apelación contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar en juicio con jurado la pieza separada abierta por un presunto delito de malversación. La defensa sostiene que Álvarez no cometió delito alguno y acusa al magistrado de “mutilar” las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que, el pasado junio, consideraron que la investigación sobre este delito no podía aplicarse a la asistente.
En el escrito de recurso, la defensa subraya que el juzgado “nuevamente ignora el criterio de la superioridad” y critica que se haya transcrito “parcial y descontextualizadamente” un auto de la Audiencia para “disimular su rebeldía”. Asimismo, reprocha al instructor que haya rechazado inicialmente imputar los delitos de tráfico de influencias y malversación, solo para posteriormente rectificarse. Según la defensa, esto refleja que “estamos ante una instrucción en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos”.
Un informe de la UCO apunta a intermediación ante patrocinadores
El recurso se presenta tras la entrega, el pasado sábado, de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En el documento se afirma que Álvarez intercedió ante una quincena de patrocinadores de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El informe analiza 121 correos electrónicos intercambiados entre abril de 2021 y junio de 2024, incluyendo comunicaciones con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio. Los mensajes reflejan que Álvarez actuó como intermediaria en la gestión de patrocinios, muchos de ellos de compañías como Indra o Google, así como en trámites administrativos relacionados con la cátedra. La UCO subraya que las gestiones de la asistente no se limitaron al correo electrónico, sino que incluyeron contactos telefónicos con los patrocinadores.
Entre los casos destacados, el informe recoge que un responsable de Indra consultó sobre la firma de un convenio con la cátedra, comunicación que fue reenviada a Álvarez. La asistente respondió al día siguiente indicando que la adenda estaba pendiente de corrección por un error material, manteniendo en copia a Begoña Gómez. De igual manera, mediaciones similares se documentan con Mercadona o la aseguradora Reale, que solicitó un certificado de donación de 60.000 euros a la UCM para poder declarar correctamente ante Hacienda.
La Fiscalía pide el archivo de la causa
A pesar de las gestiones documentadas, la Fiscalía solicitó el sábado pasado el archivo de la causa al considerar que no existen indicios de malversación. El ministerio público argumenta que los correos enviados “en nombre o por cuenta” de Begoña Gómez no causaron “detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público”.
El juez Peinado encargó el informe a la UCO el 25 de septiembre, con un plazo de entrega extremadamente breve, de apenas dos días, para tenerlo sobre su mesa el sábado siguiente. Ese mismo día, el magistrado había citado a los investigados —Álvarez, Gómez y Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y superior de la asistente entre 2021 y 2023— para comunicarles que, en caso de celebrarse la vista oral, se juzgaría a los hechos mediante jurado popular.
Sin embargo, los imputados no acudieron a los juzgados de Plaza de Castilla, sino que enviaron únicamente a sus abogados defensores. En su comparecencia ante Peinado, Gómez aseguró que, en ocasiones, pedía a su asistente que “transmitiera algún mensaje” como “favor” por la relación de amistad entre ambas, según consta en el informe de la UCO.
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