
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio del Interior, licitará un nuevo contrato para que una empresa privada gestione el servicio de “monitorización, seguimiento y vigilancia remota” de presos que cumplen tercer grado o están en libertad vigilada. Las actuales pulseras que llevan estos reclusos pertenecen a la firma tecnológica israelí Attenti Electronic Monitoring, integrada dentro del grupo estadounidense Allied Universal. Es la misma empresa que presta este servicio para las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco.
El contrato fue adjudicado en julio de 2021 por 27,9 millones de euros por una duración de tres años, hasta 2024, pero ha sido prorrogado hasta agosto de 2026. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a Infobae España que no habrá más prórrogas y que se licitará un nuevo contrato. Los expertos consultados no tienen claro si el último decreto ley aprobado por el Gobierno, que prohíbe la compra y la venta de armamento a Israel y de cualquier otro tipo de material de defensa o de doble uso, incluiría este sistema de control telemático de presos.
Para poner en marcha esta prohibición, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional hará ahora una propuesta de qué códigos postales de origen se prohibirán, que será trasladada a la Agencia Tributaria para su aprobación y, finalmente, se transmitirá al personal de aduanas para que veten la entrada y salida de esos productos. El decreto ley no establece plazos para este procedimiento. Lo cierto es que Interior ha decidido empezar a licitar en breve un nuevo procedimiento para que esté listo y adjudicado el próximo verano. Es cierto que los contratos de servicios tienen un plazo de duración máximo de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas (este contrato vence, por tanto, en 2026), pero la ley permite plazos superiores con carácter excepcional. En total, Interior habrá pagado unos 38,4 millones de euros cuando finalice el contrato.

Los presos en tercer grado solo tienen que pasar ocho horas en el centro en el que cumplen su condena, generalmente para dormir. El resto del día están fuera. Salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera de la prisión mediante dispositivos telemáticos o pulseras. En cuyo caso, “solo tienen que permanecer en el centro durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades, entrevistas y controles presenciales”, explican fuentes penitenciarias. También pueden tener llevar este sistema de control los presos en libertad vigilada.
Tres tipos de pulseras
Hay tres tipos de dispositivos telemáticos para el control de permanencia en el domicilio u otro lugar establecido durante un tiempo determinado. Unos funcionan las 24 horas con verificación de identidad. Otro incluyen también “dispositivos para el control de consumo de alcohol” que realizan controles aleatorios de alcoholemia. También los hay con “dispositivos de sistema de seguimiento continuo que permitan conocer la ubicación geográfica de un sujeto en todo momento”. La tecnológica israelí que ha facilitado las pulseras también ha formado a los funcionarios encargados de la supervisión de los reclusos incluidos en los distintos programas de control telemático.
El contrato de Interior establece que paga precios, no por el stock de las pulseras, sino por su sistema de monitorización: 4,5 euros diarios por dispositivo de control domiciliario, 5 euros por dispositivo con control de alcohol y 3,5 euros por monitorización continua de geolocalización. El número de dispositivos ha variado entre 4.720 y 4.885. Attenti Electronic Monitoring fue la única empresa que presentó oferta, lo que refleja la especificidad técnica requerida para este tipo de servicios. Uno de los requisito de Interior es que la adjudicataria facilitara “un soporte técnico de permanente, con atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año, siempre en castellano para el perfecto desarrollo y funcionamiento de la aplicación informática”. Algo que la firma israelí ha cumplido con un resultado “bastante satisfactorio”, señalan las mismas fuentes.
“Es buena tecnología”, concluyen las mismas fuentes. Su sistema es capaz de monitorizar de modo simultáneo e independientemente del control concreto utilizado en cada caso al menos a 7.500 personas en cualquier punto de la geografía española. Además, puede soportar y gestionar de modo simultáneo al menos 200 centros de vigilancia penitenciaria. También es capaz de permitir la actuación de modo simultáneo de 400 funcionarios. En definitiva, “también gestiona la información de todos los incidentes generados en el proceso de vigilancia”
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