El Palacete del número 11 de la Avenue Marceau, en París, sede actual del Instituto Cervantes en la capital francesa, se ha convertido en el centro de una agria polémica política y jurídica. El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2024 un decreto-ley que incluyó la cesión del inmueble al Partido Nacionalista Vasco (PNV), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La medida se justificó en que el edificio habría sido adquirido por el nacionalismo vasco en los años treinta y confiscado primero por la Gestapo durante la ocupación nazi de Francia y después por el régimen franquista.
Sin embargo, la operación ha desatado un intenso debate. Existen sentencias francesas y españolas que atribuían la titularidad al Estado, el decreto fue rechazado posteriormente por el Congreso, y no hay constancia de informes técnicos en el Ministerio de Hacienda que acrediten de forma definitiva la propiedad original del PNV.
El origen del edificio y la reclamación del PNV
El palacete parisino, de 1.309 metros cuadrados y situado a escasos metros de los Campos Elíseos, fue adquirido en los años treinta por una sociedad vinculada al nacionalismo vasco, según sostiene el PNV. Tras la Guerra Civil, el edificio se convirtió en lugar de referencia del exilio vasco en Francia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo incautó el inmueble. Terminada la contienda, el edificio pasó a manos del Estado español franquista. Desde entonces, el PNV ha reclamado su restitución como parte de su patrimonio histórico.
La primera oportunidad legal para hacerlo llegó con la Ley de 1998 sobre restitución de bienes a los partidos políticos, pero los tribunales consideraron que no se daban los requisitos necesarios. En 2003, el Tribunal Supremo falló en contra de la devolución. A ello se sumaban sentencias de tribunales franceses de los años 40 y 50 que atribuían la propiedad al Estado español.
La situación cambió con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, que incorporó la posibilidad de restituir bienes incautados en el extranjero. Con esa base legal, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en un decreto ómnibus de diciembre de 2024 la cesión del palacete al PNV, junto con compensaciones económicas por otros inmuebles reclamados en Francia que ya no existen.
Falta de informes y dudas jurídicas
Uno de los elementos más polémicos del proceso es la ausencia de informes técnicos en los archivos de la Dirección General del Patrimonio del Estado. El propio director del organismo, Juan Tejedor, admitió en sede parlamentaria que no existen documentos internos que avalen la titularidad del PNV sobre el edificio, más allá de la disposición recogida en el decreto-ley.
Lo que sí existe es un informe historiográfico encargado a especialistas de la Universidad del País Vasco, que subraya la “estrecha vinculación” de la sociedad que adquirió el inmueble en los años treinta con el PNV. Sin embargo, se trata de un análisis histórico y no de un documento jurídico con fuerza probatoria.
Esta carencia ha alimentado las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de haber hecho un “regalo” patrimonial al PNV sin garantías legales suficientes.
Debate político y efectos del decreto
El decreto-ley que incluyó la cesión fue finalmente rechazado por el Congreso de los Diputados en enero de 2025, gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts. Pese a ello, el PNV sostiene que la transmisión ya se había consolidado mientras la norma estuvo en vigor, en virtud del principio “ope legis”, y que la inscripción registral ya está formalizada.
El Gobierno defiende que el proceso se ampara en la Ley de Memoria Democrática y que responde a la necesidad de reparar las incautaciones sufridas por partidos y entidades perseguidas por el franquismo. La oposición, en cambio, denuncia que se ha utilizado un decreto ómnibus para aprobar una medida de gran calado político y patrimonial, con escasa transparencia y sin debate parlamentario específico.
Además, el asunto no se limita al palacete. El PNV recibió 3,8 millones de euros en compensación por otros dos inmuebles en Francia que fueron incautados pero que ya no existen en la actualidad. Para PP y Vox, se trata de un “pago político” que compromete recursos públicos sin base legal sólida.
El futuro del inmueble
Mientras tanto, el Instituto Cervantes seguirá ocupando el edificio hasta el 31 de diciembre de 2030, pero a partir de ahora deberá pagar una renta de mercado al PNV como nuevo propietario. Este detalle añade otra capa de polémica: la paradoja de que el Estado español tenga que abonar un alquiler a un partido político por un inmueble que durante décadas figuró en el inventario de Patrimonio Nacional.
El 20 de septiembre de 2025, el PNV celebró un acto de recuperación del palacete en el que se izó la ikurriña en la fachada. El acto contó con la presencia del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien calificó la recuperación del palacete como “un acto de justicia” y un símbolo de la lucha contra el fascismo y el nazismo. Durante la ceremonia, se desplegó la ikurriña en la fachada del edificio, marcando así la toma de posesión oficial por parte del partido.
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