La sostenibilidad del sistema de pensiones en España afronta un desafío enorme. La llamada ratio de dependencia, que mide cuántas personas en edad de trabajar hay por cada jubilado, se desplomará en las próximas décadas. Hoy existen 2,6 trabajadores potenciales por cada persona mayor de 65 años, pero en 2050 la cifra caerá hasta solo 1,6, según el último informe de CaixaBank Research. Este deterioro refleja el impacto del envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional, un problema estructural que se lleva dando en nuestro país desde hace más de cuatro décadas.
El relevo generacional se rompe en España
El estudio subraya que desde 2020 la generación que accede a la jubilación es más numerosa que la que entra en el mercado laboral. Dicho de otra forma: cada año se incorporan más personas a cobrar una pensión que a cotizar para financiarla. Este desequilibrio no hará más que crecer en los próximos 25 años.
El problema no es nuevo. España lleva más de 40 años con una tasa de natalidad muy por debajo del nivel de reemplazo, fijado en 2,1 hijos por mujer. El mínimo histórico se registró en la década de los noventa, con apenas 1,1, y las proyecciones apuntan a que en 2050 se situará en torno a 1,3. Esta falta de nacimientos se combina con un aumento continuo de la esperanza de vida, que pasará de los 84 años actuales a cerca de 87 en 2050.
El resultado es, según el informe, una “trampa demográfica”: la población activa será cada vez más reducida, mientras que los jubilados serán más numerosos y longevos.
Cambio de figura: de la pirámide al obelisco
La transformación se refleja también en la imagen gráfica de la población. La clásica pirámide demográfica con base ancha y vértice estrecho se está desdibujando para convertirse en un obelisco: una base reducida de jóvenes y una parte superior cada vez más ancha por el aumento de mayores. El informe advierte de que ni un repunte de la natalidad ni la inmigración podrán revertir por sí solos esta transformación.
La inmigración no basta
En cuanto a la inmigración, España ha recibido un fuerte flujo en los últimos años: casi 1,2 millones de personas entre 2022 y 2024. El INE proyecta entradas netas de unas 375.000 al año hasta 2053. Sin embargo, mantener la ratio actual de 2,6 trabajadores por jubilado exigiría incorporar un millón de inmigrantes cada año durante tres décadas. Una cifra prácticamente inasumible en términos sociales y de capacidad de los servicios públicos.
La inmigración se confirma como una palanca necesaria, pero insuficiente. Y, al mismo tiempo, un tema políticamente delicado, con percepciones sociales a menudo distorsionadas. A pesar de ello, las encuestas reflejan que en España la visión ciudadana sobre la inmigración es mayoritariamente positiva: un 47% tiene una percepción favorable de su impacto económico, un 40% neutral y solo un 13% negativa.
Más años de vida, más presión sobre el sistema
Entre 2000 y 2021, el 70% de la mejora en la esperanza de vida a los 60 años se tradujo en años vividos sin enfermedades graves, según la OMS. Sin embargo, el envejecimiento de la población implicará que, incluso con más años de vida saludable, el número absoluto de personas con enfermedades crónicas y en situación de dependencia aumentará de forma significativa. Lo que supondrá una mayor presión sobre los sistemas sanitario y de pensiones.
Un reto ineludible para el Estado del bienestar
El informe concluye que la transición demográfica obliga a replantear cómo se organiza la economía y el sistema social en nuestro país, que se enfrenta a un reto en el que los mecanismos tradicionales de equilibrio, como los nacimientos o la inmigración, ya no bastan. En este escenario, ajustes en la edad de jubilación y la mejora de la productividad son algunas de las salidas que plantean los expertos. Lo que parece claro es que, sin reformas profundas, se verá comprometida la sostenibilidad del sistema.
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