“Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal”. Así ha arrancado su intervención el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al asegurar ante el rey Felipe VI que es “plenamente consciente” de su situación procesal, pero que asiste a la apertura del año judicial porque cree en la justicia y en las instituciones que la conforman “y, por supuesto, también en la verdad”.
En el Salón de Plenos del Tribunal Supremo se respiraba la tensión después de que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le hayan pedido que no asistiera a este acto por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.
“Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”, ha afirmado ante la atenta mirada de jueces y fiscales, entre ellos, quienes previsiblemente le juzgarán en los próximos meses.
Pide una “metamorfosis” de la Fiscalía
En línea con la reforma y los proyectos legislativos emprendidos por Gobierno, García Ortiz ha reclamado la “cristalización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, que permita, ”de una vez por todas modernizar —y también mejorar— nuestro sistema de proceso penal".
Según ha explicado, esto serviría para acabar con el “retraso” con Europa y supondría también una “metamorfosis de la Fiscalía española. Naturalmente que sí”.
“Será necesario transformar la Fiscalía para adaptarla a los nuevos tiempos. Como lo ha hecho la sociedad española durante estos años de democracia. Y la trasformación no es coyuntural ni tiene un sesgo oportunista. Es una necesidad de país y de progreso”.
Este cambio se aplicará especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para “encauzar las discrepancias”. “Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del Fiscal General del Estado, si se considera pertinente”, ha continuado.
Es por esto que ha pedido que no se presente a la Fiscalía como “un elemento de distorsión del sistema”.
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