Una profesora recibe 39.000 euros por error después de renunciar a su puesto de trabajo y se niega a devolver el dinero: “Ya me he lo he gastado”

Una exdocente de primaria en la localidad suiza de Dübendorf ha sido protagonista de un insólito caso judicial tras haber seguido cobrando su salario durante un año y medio después de dimitir de su puesto. La mujer, que llegó a acumular casi 39.000 euros (36.863 francos suizos), alegó ante los jueces que no se dio cuenta de los pagos indebidos y aseguró que no dispone del dinero para reembolsarlo, ya que lo gastó en parte en la compra de un coche.

El caso, recogido por el diario suizo Zürcher Oberländer y difundido por Le Parisien, terminó en los tribunales, donde los magistrados determinaron que la exprofesora debía devolver la suma recibida indebidamente, reducida finalmente a algo más de 32.000 euros, además de afrontar las costas judiciales.

Un salario que nunca dejó de llegar

La historia comenzó tras la dimisión de la exprofesora de su puesto en una escuela primaria de Dübendorf. Pese a haber dejado sus funciones, su antiguo empleador, el ayuntamiento local, siguió transfiriéndole mes a mes su sueldo como si continuara trabajando.

En total, durante aproximadamente dieciocho meses, la mujer percibió 36.863 francos suizos, una cifra cercana a los 39.000 euros. Lo sorprendente es que no fue hasta que solicitó un certificado de trabajo a la administración cuando se descubrió el error contable. Fue entonces cuando el municipio detectó que había estado abonando un salario sin correspondencia con ningún servicio.

El ayuntamiento exigió la devolución inmediata de las sumas. La cantidad, tras diversos ajustes y recálculos, se fijó en 30.272 francos suizos, es decir, más de 32.000 euros.

Argumentos de la defensa: “No me di cuenta”

En el proceso judicial, la exprofesora sostuvo que en ningún momento fue consciente de estar recibiendo el salario una vez abandonado el puesto. Alegó que no había reparado en los ingresos adicionales y que, por tanto, no existía intención de apropiación indebida.

Además, aseguró carecer de los recursos necesarios para devolver el dinero, ya que una parte de él lo había destinado a comprarse un coche. En este sentido, insistió en que el gasto del dinero había sido de buena fe, bajo la creencia de que le correspondía.

Incluso afirmó que, dado que había declarado los pagos recibidos ante las autoridades fiscales, no podía haber intención de ocultamiento ni mala fe.

Los jueces no creyeron su versión

El tribunal, sin embargo, rechazó de manera tajante la defensa de la exdocente. Los magistrados argumentaron que resultaba imposible que la mujer no se hubiera dado cuenta de los pagos indebidos, ya que el ayuntamiento continuaba enviándole cada mes su nómina detallada.

El hecho de que declarara los ingresos ante Hacienda fue interpretado como una confirmación de que tenía conocimiento de ellos, aunque no como una prueba de inocencia. Para los jueces, era evidente que la exprofesora estaba plenamente al tanto de que seguía percibiendo un salario sin derecho alguno.

Finalmente, el fallo determinó que debía devolver la suma de 30.272 francos suizos, equivalente a más de 32.000 euros, además de abonar 2.000 euros en concepto de costas judiciales.

Un caso que genera debate

Este episodio ha provocado debate, no solo por el error administrativo que permitió que durante un año y medio se pagara un salario sin justificación, sino también por la actitud de la beneficiaria. Para muchos, resulta difícil de creer que alguien no perciba ingresos de tal magnitud durante tanto tiempo, especialmente recibiendo de manera regular nóminas oficiales.

Al mismo tiempo, la situación abre preguntas sobre los controles internos en las administraciones públicas y cómo un fallo de este tipo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo.

Lo cierto es que, más allá de las explicaciones de la exprofesora, la justicia ha sido clara: el dinero deberá ser reembolsado. La resolución busca sentar precedente en casos similares, dejando claro que no se puede alegar ignorancia cuando existen pruebas documentales que evidencian el conocimiento de los pagos indebidos.