El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido reabrir y ampliar la investigación sobre un presunto caso de malversación de caudales públicos vinculado a la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, para la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, según ha adelantado la Cadena SER.
La decisión del juez se produce pese al rechazo del Tribunal Supremo a investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los mismos hechos. Peinado ha optado por imputar tanto a Álvarez como a Gómez y citarlas a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre, basándose en el aval previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya respaldó la apertura de una línea de investigación por presunta malversación.
Hasta ahora, Gómez figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La citación de la esposa de Pedro Sánchez se ha fijado para el 11 de septiembre a las 10:30 horas, mientras que Álvarez declarará el día anterior, 10 de septiembre, a las 11:00 horas. Cabe recordar que la Audiencia Provincial anuló la declaración previa de Álvarez y solo validó su testimonio como investigada, ratificando los indicios existentes sobre su implicación en presuntos delitos de tráfico de influencias.
Cuatro líneas de investigación abiertas
La investigación mantiene cuatro líneas principales: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de empresas como Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la supuesta apropiación indebida del ‘software’ de la cátedra; y el nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa, cargo de máxima confianza que según la Audiencia podría haberse utilizado para fines privados.
Entre los indicios citados por la Audiencia Provincial figura la declaración del vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, quien aseguró tener numerosos correos electrónicos con Gómez y Álvarez. Doadrio señaló que Álvarez “era la persona de confianza” de Gómez, que la acompañaba a la universidad y recibía directamente los correos relacionados con la gestión de la cátedra. También se mencionan correos electrónicos enviados a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad de la empresa como patrocinadora del máster, lo que, según la Audiencia, excedería claramente las funciones de Álvarez.
Además, se apuntan posibles vínculos con empresas del Grupo Barrabés, que podrían haber sido utilizados por Gómez para favorecer intereses privados, desviando recursos públicos en beneficio propio. La Audiencia subraya que la relación personal previa entre Gómez y Álvarez habría motivado el nombramiento de la asesora en un cargo de máxima confianza, lo que podría suponer “una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados” dentro de “una estructura institucionalizada de poder vinculada a la Presidencia del Gobierno”.
Una nueva imputación
En su auto, Peinado aclara que tuvo conocimiento de la resolución del Supremo no directamente, sino a través del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por lo que considera procedente continuar la investigación en la pieza separada por malversación derivada del auto de la Audiencia Provincial.
En consecuencia, Peinado ha decidido imputar a Álvarez y Gómez por presunto delito de malversación de caudales públicos y ha fijado las fechas de sus declaraciones: Álvarez comparecerá el 10 de septiembre a las 11:00 horas y Gómez, el 11 de septiembre a las 10:30 horas. Esta decisión marca un cambio de criterio respecto a mayo, cuando el juez imputó únicamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de Álvarez y descartó investigar a Gómez y a la propia asesora.
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