
Ser profesor implica que una época de tu vida has tenido que luchar por una plaza. Bien sea fija o temporal, conseguirla requiere mucho esfuerzo. Por eso, cuando una profesora italiana consiguió una y en el mismo día que celebró la noticia vio como su candidatura era eliminada, acabó en el hospital. La docente, que ha preferido mantenerse en el anonimato, contó su historia por correo electrónico al diario OrizzonteScuola. Formaba parte de lo que en Italia se conoce como GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), unos listados provinciales de profesores que aspiran a ocupar plazas de sustitución en escuelas públicas.
Su nombre fue seleccionado. Por unas horas, contaba con una plaza fija durante todo un año orientada a funciones de apoyo para estudiantes con necesidades educativas. Sin embargo, en apenas unas horas, pasó de la certeza laboral a una incertidumbre absoluta, una situación que le provocó un ataque de ansiedad tan severo que desembocó en una visita al hospital por presión arterial elevada.
Según el testimonio que la propia afectada, la comunicación de su selección le fue notificada el 1 de agosto. El acto administrativo oficial la incluía clara y públicamente entre las personas elegidas, información que se difundió tanto desde la propia escuela como a través de los compañeros que trabajaban en ella, que también verificaron esa decisión. Pero pocas horas después, el documento desapareció del sitio web oficial y solo quedó un aviso de anulación, sin detalles ni explicación alguna. A partir de ese momento, la docente tuvo que afrontar todo un fin de semana en espera de una aclaración que no llegaba, sumida en fuerte preocupación.
El lunes siguiente, finalmente se publicó nueva documentación oficial, pero con nombres distintos. Al intentar contactar con el órgano encargado de la administración educativa, recibió una respuesta verbal en la que se le indicó que se debió a “un error” y sentían mucho lo ocurrido. “Están apenados, ‘mortificados’, pero puede pasar”, fue la única explicación que se le ofreció oralmente. No hubo en ningún momento justificación escrita, documento ni comunicación oficial que aclarara los hechos.
El impacto emocional y físico hizo que acabara en urgencias
El impacto emocional y físico de la situación resultó considerable. La docente detalló haber pasado la noche con ansiedad, dolor de cabeza y presión elevada, síntomas que la obligaron a acudir al hospital de emergencias. Su experiencia personal se vio agravada por la falta de explicaciones concretas y una notable ausencia de transparencia por parte de la administración.
El caso, que no sería excepcional, revela dificultades en los procesos de asignación de cargos docentes. Se reporta que algunos profesores con derecho a acceder a cupos reservados habrían sido convocados por error antes de agotar la lista principal disponible, un procedimiento inadecuado que derivó en adjudicaciones anticipadas o en condiciones incorrectas.
Al detectar el fallo, la administración rectificó la situación anulando el nombramiento inicial y sustituyéndolo por otro con diferentes destinatarios, pero sin un aviso formal ni explicación fundamentada para quienes habían quedado fuera. La única información llegó tras solicitud expresa y solo por vía telefónica.

Además de exigir los motivos de su exclusión, la docente reclama transparencia total: acceder a los documentos originales y conocer los criterios, responsables y procesos utilizados en la elaboración de las listas. También pide información sobre cuántas personas más resultaron afectadas y cómo se distribuyeron los cupos protegidos, considerando que su inclusión obedecía a normativas que garantizan una protección particular para personas vulnerables. “No se trata solo de una designación, sino de cómo se reconoce —o niega— el derecho a ser debidamente considerados en nuestro puesto, especialmente en casos de vulnerabilidad y bajo protección legal específica”, expresó.
La carencia de información y la exclusión sin explicaciones ponen sobre la mesa interrogantes en torno a la correcta gestión administrativa y la atención que reciben quienes, según la legislación vigente, deberían contar con procedimientos más claros y rigurosamente comunicados.
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