Una niña de 10 años muere tras ser encontrada sola en la autopista y ser torturada por su padre: “No tenía uñas de los pies y mostraba signos de abuso físico”

Esta es la historia de Rebeca Baptiste, una niña de 10 años, fallecida por homicidio. Su cuerpo fue encontrado el pasado 27 de junio en la intersección de dos carreteras de Arizona, en Estados Unidos. Rápidamente, fue trasladada al Hospital Infantil de Phoenix, donde, según las autoridades, falleció dos días más tarde. Su cuerpo, gravemente lesionado y sometido a un estado de desnutrición, fue incapaz de mantenerse con vida.

El autor del crimen fue su padre, Richard Baptiste, de 32 años, que fue arrestado de inmediato junto a su pareja, Alice Woods, de 29 años. Los dos mantenían una relación sentimental y contemplaban la posibilidad de casarse. Alice Woods actuaba como progenitora de la pequeña Rebeca. De esto informa el medio digital francés Le Parisien. Los registros judiciales confirman que los dos estaban implicados en el crimen. En consecuencia, ambos fueron acusados por maltrato infantil y homicidio de primer grado.

Violencia sexual y tortura

La autopsia del cuerpo desveló que la menor había sido sometida a grandes periodos de deshidratación y desnutrición. Además, presentaba numerosas hematomas y carecía de uñas en los pies que, claramente habían sido arrancadas. Además, también presentaba importantes indicios de violencia sexual explícita.

Las declaraciones del tío de la menor, Damon Hawkins, fueron las siguientes: “estaba cubierta de moretones de pies a cabeza y tenía los dos ojos morados. Creen que la causa de la muerte fue una hemorragia”.

Durante todo el proceso, Damon Hawkins permaneció junto a la menor, quien finalmente perdió la vida como consecuencia directa de las lesiones y el maltrato al que fue sometida. Fue él mismo, junto a su mujer, quienes avisaron a la policía.

“Tenemos un historial de todas las veces que los hemos contactado en los últimos años para expresar nuestras preocupaciones”, declaró el tío de la niña.

A lo que añadió, incidiendo en la falta de responsabilidad y agencia por parte de las autoridades en el pasado: “nos enteramos del abuso sexual hace aproximadamente un año y medio, y lo ignoraron”.

La escuela donde estaba matriculada la menor respaldó las declaraciones de los tíos. Ellos también habían denunciado el crimen hasta doce veces. Sin embargo, sus quejas ante el Departamento de Seguridad Infantil, no habían conseguido que implementaran ninguna medida.

“Nuestro dedicado personal trabaja incansablemente para garantizar la seguridad de todos los niños, pero lamentablemente, quienes intentan hacerles daño a veces pueden eludir incluso los sistemas de protección más robustos”, se excusó el equipo del departamento. Sin embargo, aunque se comprometieron a trabajar más adelante en las posibles deficiencias de su sistema, el traumático final de la pequeña Rebeca, y las posibles omisiones de su equipo ante las denuncias del colegio, ha planteado una enorme crisis de responsabilidad social.

Una máxima ineludible: la protección de la infancia

Según informa UNICEF, la protección de la infancia se constituye como “un compromiso universal para prevenir la explotación, el abuso, el descuido, las prácticas nocivas y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como para actuar en caso de que se produzcan algunas situaciones de este tipo”.

Entienden que atender a las víctimas, o a los familiares de las víctimas, ya constituye un fracaso, o como ellos explican en su web “es llegar demasiado tarde”. Por ello, comunican sobre la importancia de crear ecosistemas seguros donde los niños y niñas puedan desarrollarse de forma segura.

En España, por ejemplo, la Ley Orgánica 8/2021 establece un marco legal específico para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Su objetivo principal es garantizar un entorno seguro que promueva su bienestar.

Esta normativa contempla medidas orientadas a la prevención, detección temprana, protección, asistencia, recuperación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas. Para ello, implica la participación activa de diversos sectores, incluyendo instituciones públicas, profesionales de la salud, el ámbito educativo, los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la sociedad en general.