Los inspectores y los técnicos de Hacienda han mostrado su rechazo ante un posible traslado forzoso de personal funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), tras el acuerdo suscrito por el Gobierno central y el Govern de la Generalitat sobre el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. En él se recoge la Agència Tributària de Catalunya (ATC) será la encargada de recaudar directamente todos los impuestos que se generen en esa comunidad autónoma.
“Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político”, han señalado representantes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Los inspectores han pedio a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometa públicamente a garantizar que no se llevará a cabo ningún tipo de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña, y que se respetará el régimen de personal de la AEAT previsto en su ley de creación, “sin injerencias de ningún tipo”. También han exigido garantías “públicas y claras” sobre el futuro de los funcionarios de la AEAT que ahora están destinados en Cataluña.
Los representantes de la IHE consideran que el acuerdo anunciado el pasado lunes 14 de julio entre el Estado y la Generalidad de Cataluña supone un "ataque a la cohesión fiscal del Estado" que, como se advierte por las declaraciones de ERC, “traerá consigo el fraccionamiento de la AEAT en un irresponsable ejercicio de ruptura de la caja única, de la base de datos y de la actuación eficaz y eficiente de la AEAT”.
No a los traspasos
En la misma línea se han manifestado los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que aseguran que la mayoría de los empleados de la Agencia Tributaria AEAT destinados en Cataluña “rechazarán un traslado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC)”.
Gestha asegura en un comunicado que la gran mayoría de los funcionarios de la AEAT en Cataluña procede de las últimas promociones y carece de arraigo en la región, lo que dificultaría los eventuales traspasos, a pesar de que integrarse en la Hacienda catalana implique mayores retribuciones y que los técnicos ingresen en un cuerpo superior.
Los técnicos han advertido que la plantilla de la ATC es insuficiente para asumir la recaudación de 27.590 millones de euros en el IRPF en Cataluña, por lo que creen que tendrá que aumentar la plantilla.
Gestha vaticina que la ATC tendrá que aumentar su plantilla a medio plazo hasta los 5.200 empleados, de los cuales unos 2.000 serán inspectores y técnicos autonómicos, ambos del subgrupo A1, para realizar el control tributario del IRPF.
Los inspectores y técnicos de Hacienda reaccionan así ante el acuerdo anunciado por ERC y la Generalitat destinado para reforzar la Agencia Tributaria Catalana que, entre otras cuestiones, implica crear dos nuevos cuerpos en la región, uno de agentes tributarios y otro de informáticos, aunque no mencionaron traspasos desde la AEAT a la ATC.
Una mayoría necesaria para llevar a cabo las reformas
Por otra parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran imprescindible cambiar varias leyes orgánicas y ordinarias para ceder una parte de la gestión y un mayor porcentaje de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas.
Inciden en que el Gobierno tendrá que llevar a cabo una intensa negociación para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar “un diseño impecable de las modificaciones legales necesarias sin tacha de inconstitucionalidad y recabar los apoyos parlamentarios para su aprobación”.
No obstante, en opinión de Gestha, la actual crispación política complicará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe asegurar la suficiencia financiera del gasto regional y la solidaridad territorial, especialmente en cuanto al criterio de ordinalidad, en relación con la corresponsabilidad fiscal para que los servicios públicos tengan niveles similares en todas las CCAA.
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