El despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, figura como uno de los principales protagonistas de una investigación judicial abierta en el juzgado de Tarragona por presunto tráfico de influencias a favor de empresas gasísticas. Ahora, y según ha informado EFE, la investigación relaciona también al despacho con la multinacional del juego online Codere: un informe elaborado por los Mossos d’Esquadra en noviembre de 2022, incluido en la causa, apunta a una serie de operaciones en las que la asesoría habría recibido “numerosos y cuantiosos pagos” de dicha casa de apuestas con el objetivo de influir en la legislación y la regulación tributaria del sector del juego en España.
El presunto tráfico de influencias “podría haberse extendido a otros sectores”
El documento policial sostiene que el tráfico de influencias atribuido al despacho no se limitó exclusivamente al ámbito de los gases industriales ni a las energías renovables. Según los Mossos, “podría haberse extendido a otros sectores que necesitaran, en su propio beneficio, haciéndose valer de los acreditados contactos e influencias de la firma”, entre ellos el juego por internet.
Codere, que contó entre 2005 y 2011 con el exministro Rafael Catalá como secretario y consejero, mantiene una posición destacada en el mercado español de las apuestas deportivas. La multinacional llevaba años solicitando a las administraciones públicas una regulación del juego online. El informe señala que la empresa se consideraba en situación de desventaja ante competidoras extranjeras que operaban sin tributar en territorio nacional.
Con este contexto, los Mossos indican que el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), emprendió inspecciones a compañías extranjeras del sector. Se exigió a estas empresas el pago retroactivo de impuestos, condición indispensable para la obtención de licencias de operación. Esta medida benefició a Codere, cliente de Equipo Económico, debido a que facilitó su posición frente a los operadores que regularizaban su situación fiscal.
Durante la redacción de la Ley del Juego en la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en la fase de implementación posterior, Codere realizó acciones de lobby junto o a través de Equipo Económico. El informe policial concreta que estas gestiones estuvieron directamente vinculadas al proceso de adjudicación de licencias para operar en España.
Equipo Económico cobró 679.000 euros de Codere en cuatro años
Los Mossos han documentado, además, la existencia de pagos sustanciales a la asesoría. En 2018, la investigación cifró en 679.000 euros el importe facturado por Equipo Económico a Codere entre 2008 y 2012, operaciones anteriores incluso a la entrada del Partido Popular en el Ejecutivo. La policía interpreta estos movimientos como un intento por parte de la multinacional no solo de influir en la tramitación de la Ley del Juego, sino también en su desarrollo e implementación.
La trayectoria de Rafael Catalá figura también en el informe. Según los Mossos, “continuó ligado de alguna manera a Codere” tras su salida del consejo y su paso por el Gobierno. Mantuvo su vinculación como patrono de la Fundación Codere y, años después, ya apartado de la política, regresó como asesor global de relaciones institucionales y colaborador externo. Antes de ejercer como ministro de Justicia, Catalá había ocupado el puesto de subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2002, periodo en el que coincidió con Montoro y varios de los futuros socios de Equipo Económico, quienes formarían el núcleo del despacho investigado.
El análisis policial concluye que “las supuestas presiones” ejercidas por Codere, junto a las inspecciones de la ONIF, “abocaron en el pago extemporáneo de los impuestos por parte de las operadoras extranjeras, de tal manera que se debilitó la estructura financiera de aquellas, la cual cosa llevó a una escasa o nula inversión en publicidad para poder hacer frente al pago de los impuestos exigidos”.
La investigación señala también la reforma del régimen fiscal de los beneficios del juego introducida por Montoro a finales de 2012. Según los Mossos d’Esquadra, la nueva normativa permitió a los jugadores deducirse las pérdidas previas al declarar ganancias, “lo que beneficiaba a las empresas operadoras del juego”. Esta reforma se realizó, subraya el informe, “en un momento en el que se estaban llevando a cabo recortes fiscales debido a la crisis financiera que atravesaba el país”.
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