El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que solicita que se le aplique la ley de amnistía, cuya aplicación fue rechazada por el Tribunal Supremo, y que, de forma cautelarísima, se suspenda la orden nacional de detención que aún pesa sobre él por su implicación en el ‘procés’, según informa EFE.
El recurso, firmado por su abogado Gonzalo Boye, reclama al TC que deje sin efecto la orden de detención al considerar que esta “carece del respaldo de una condena firme”, en un contexto jurídico en el que “el legislador ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal” de Puigdemont mediante “una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada”.
Al haber solicitado medidas cautelarísimas, que se adoptan de manera urgente y sin necesidad de pedir informe previo al Ministerio Fiscal, los magistrados del Constitucional deberán resolver con mayor rapidez de lo habitual. En caso de que denieguen esta vía, la solicitud pasaría a tramitarse como una medida cautelar ordinaria, lo que implicaría solicitar la opinión de las partes implicadas, incluido el fiscal.
“Amenaza sistémica para la democracia constitucional”
El recurso sostiene que la orden de detención es “constitucionalmente inadmisible” y alerta del riesgo de que “un representante electo sea privado de libertad en un contexto de judicialización del conflicto político catalán”. Por ello, la defensa insiste en la necesidad de suspender la orden, ya que esta medida “preserva el equilibrio institucional, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la participación democrática”, sin suponer un perjuicio a intereses constitucionales de terceros ni afectar a bienes jurídicos relevantes.
Puigdemont acude al TC apenas unos días después de que el propio tribunal avalara la constitucionalidad de la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales, lo que refuerza, según el escrito, la petición de suspensión de la orden de arresto. “Suspender la orden de detención refuerza, más que debilita, el principio de seguridad jurídica y el funcionamiento ordinario de las instituciones”, sostiene la defensa.
“La judicialización de la acción política, cuando se transforma en un instrumento para impedir el acceso o la permanencia en cargos públicos mediante mecanismos procesales sin condena firme, constituye una amenaza sistémica para la democracia constitucional”, advierte Boye en el recurso. A su juicio, la medida solicitada “no es solo una garantía procesal, sino una exigencia constitucional vinculada a la defensa del modelo de democracia parlamentaria consagrado en la Constitución”.
Críticas al Supremo
El recurso también carga contra la interpretación del Tribunal Supremo, que rechazó aplicar la amnistía en el caso del delito de malversación que se le imputa a Puigdemont. La defensa considera esta decisión una muestra de “una estrategia de resistencia judicial” a la aplicación de la ley de amnistía, lo que, a su juicio, vulnera los principios de legalidad y de separación de poderes.
Esa interpretación del Supremo, denuncia Boye, “carece de base en el texto legal” y “contradice la voluntad expresa del legislador”, además de suponer “una abierta vulneración del principio de legalidad penal y del principio de seguridad jurídica”.
Boye también subraya que el mantenimiento de la orden de detención afecta directamente a los derechos fundamentales del expresident, entre ellos la libertad personal, el derecho a circular libremente por el territorio de la Unión Europea y la igualdad ante la ley, ya que —según sostiene— Puigdemont recibe un trato diferente al de otros encausados por hechos similares.
“La suma de estas vulneraciones revela una estrategia de resistencia judicial a la aplicación efectiva de la ley de Amnistía”, afirma el letrado, lo que constituiría “una interferencia ilegítima del poder judicial en el ámbito de competencias del legislador, quebrantando el principio de separación de poderes que rige en nuestro ordenamiento constitucional”.
Ante lo que describe como un “uso sistemático y desviado de la jurisdicción”, la defensa pide al Constitucional “una respuesta clara, firme y restauradora”, como “intérprete supremo de los derechos fundamentales”, recoge EFE.
*Con información de EFE
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