El Constitucional avala la ley de amnistía con los seis votos a favor de la mayoría progresista

El Tribunal Constitucional ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán que alcanzó su clímax con el 1-O, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El Pleno ha resuelto así sin sorpresas el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que atacaba todo el texto legal, tras cuatro jornadas --tres de deliberación y una de confirmación del borrador enmendado y votación-- que han sumado poco más de 10 horas. A lo largo de la semana, los magistrados resolvieron que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y que esta, en concreto, era válida.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

Al inicio de los debates, descartaron igualmente plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que también está llamado a pronunciarse sobre la ley de amnistía ante las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. De hecho, el próximo 15 de julio tiene previsto celebrar la primera vista.

La sentencia aprobada este jueves recoge en esencia la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, calificó de “excelente” en el arranque del Pleno monográfico.

Cabe recordar que se trata de la primera sentencia sobre la amnistía pero no la única. El Constitucional tiene pendientes más de una treintena de asuntos relativos a esta ley, que irá despejando a la vuelta del verano, ya que tras este fallo buscará un perfil bajo. Las fuentes consultadas calculan que el TC seguirá dictaminando sobre la norma hasta 2026.

Un tribunal facturado

Más allá de esta primera sentencia sobre la ley de amnistía, este Pleno deja un profundo malestar en el bloque conservador. Fuentes del sector minoritario denunciaron a Europa Press que no se ha producido una verdadera deliberación, entendida como un intercambio de opiniones que conducen a una solución de común acuerdo, sino una sucesión de discursos aislados, “al estilo del debate político en el Parlamento”. “Esto es un paripé”, afirman.

En concreto, afean a Montalbán que se ha limitado a atender las sugerencias realizadas desde su propio bloque, que la minoría conservadora tacha de netamente “cosméticas”, “algún verbo o adverbio”.

El Constitucional ya llegó a estas deliberaciones con una honda división por bloques, reflejada en numerosas votaciones sobre distintos asuntos pero también en los relativos a la ley de amnistía que han precedido a este cónclave.

Destaca el enfado provocado por la decisión de apartar al magistrado conservador José María Macías, al aceptar la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.

A ello se suman los acuerdos adoptados por Conde-Pumpido desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritarío. Las fuentes recuerdan que primero descartó frenar la sentencia de la amnistía por el TJUE y después se limitó a habilitar dos días más --aunque finalmente solo ha sido uno-- para este Pleno, cuando el magistrado conservador Enrique Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio para dar tiempo a un debate “sosegado”.

Desde el sector progresista, las fuentes lamentan las “tensiones” a las que se ha sometido al TC a cuenta de la ley de amnistía mediante lo que perciben como una serie de “maniobras dilatorias”, en alusión a la ristra de recusaciones y peticiones de abstención contra varios magistrados, incluido Conde-Pumpido, y las solicitudes del PP, el Senado y los magistrados conservadores Concepción Espejel, César Tolosa y Arnaldo para frenar la sentencia a la espera del TJUE.

La única decisión pacífica en torno a la amnistía fue la del magistrado progresista Juan Carlos Campo de abstenerse de las deliberaciones sobre la ley porque en el informe que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés’ dijo que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

(Noticia elaborada por Europa Press)