El Gobierno ha confirmado que llevará el próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para abolir la prostitución. Lo hará en medio de una tormenta política provocada por el escándalo del ‘caso Koldo’ y por los audios filtrados en los que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, intercambiaban comentarios machistas sobre mujeres en situación de prostitución. Paradójicamente, el Ejecutivo podría necesitar ahora el voto favorable de Ábalos en el Congreso para que la norma salga adelante.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento trabaja ya “a pleno rendimiento” en una batería de medidas contra el machismo que incluye esta ley abolicionista, cuyo objetivo es “avanzar con paso firme hacia la abolición de la prostitución y hacia una mayor calidad democrática y feminista”.
“Creo que hay que hacer de la necesidad virtud, creo que es el momento, puesto que esos audios nos ponen frente al espejo. Es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia”, ha declarado Redondo en relación al informe de la UCO sobre Ábalos y los mensajes con Koldo.
La ministra ha señalado que los audios conocidos en las últimas semanas, donde se escucha a los interlocutores hablando de “repartirse mujeres”, son “una expresión de lo más bajo de la condición machista”, además de “soeces”, “intolerables” y “deleznables”. “Denigran, deshumanizan y convierten a las mujeres en objetos de consumo”, ha sentenciado.
El voto incómodo de Ábalos
Pese a la dureza de las declaraciones del Ejecutivo contra el exministro, lo cierto es que su voto podría ser determinante para la aprobación de la futura ley abolicionista. José Luis Ábalos, que ahora forma parte del Grupo Mixto después de que le abriesen un expediente disciplinario en febrero de 2024, conserva su escaño como diputado no adscrito y tiene capacidad para inclinar la balanza en una Cámara muy fragmentada.
Ábalos fue apartado del grupo socialista después de que se conociera su relación con la trama investigada en el ‘caso Koldo’, centrado en presuntas adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia. Aunque el exministro se negó a entregar su acta de diputado, se comprometió a mantener una actitud “constructiva” y “leal” con el Gobierno. Desde entonces, ha votado en ocasiones en sintonía con el PSOE, pero su posición es impredecible en cuestiones sensibles o con gran carga simbólica como esta.
En este contexto, el Ejecutivo se ve ante la paradoja de promover una legislación feminista de gran calado que podría requerir el apoyo de una figura duramente cuestionada por su comportamiento machista, según lo reflejado en los audios.
“Aquí hay un partido que reacciona de forma inmediata apartando a los corruptos, a los machistas y dando la cara. El PSOE ha dado la cara desde hace tiempo con la abolición de la prostitución”, ha insistido Redondo.
Qué plantea la futura ley
La norma que prepara Igualdad recoge el enfoque abolicionista, defendido históricamente por el PSOE, que implica la penalización del proxenetismo en todas sus formas —incluido el consentimiento—, así como la llamada tercería locativa, es decir, el alquiler o cesión de locales donde se ejerza la prostitución. También contempla campañas de sensibilización y ayudas sociales para la salida de mujeres del sistema prostitucional.
A diferencia de las dos iniciativas legislativas anteriores —que fueron presentadas como proposiciones de ley desde el grupo parlamentario socialista y no prosperaron por falta de apoyos—, esta vez el Gobierno optará por presentar un anteproyecto propio, con el objetivo de ganar fuerza política y facilitar la tramitación.
Sin embargo, el camino legislativo no será sencillo. El primer obstáculo será alcanzar un acuerdo con Sumar, socio de coalición del PSOE, que no cuenta con una postura unificada respecto a la prostitución. Mientras algunas fuerzas dentro del espacio, como Izquierda Unida o los comunes, respaldan el abolicionismo, otras —como determinadas voces feministas independientes y colectivos sociales— defienden una regulación garantista del trabajo sexual, centrada en el reconocimiento de derechos laborales y protección social para quienes ejercen esta actividad.
Feminismo y oportunidad política
La ministra Redondo ha afirmado que “todavía hay reductos importantes de machismo en todas las asociaciones, en todos los partidos, en todas las agrupaciones humanas” y ha defendido que lo importante es cómo se responde ante ellos. En esa línea, ha llamado a confiar en el compromiso del PSOE con los derechos de las mujeres: “Este partido está comprometido absolutamente y lo vamos a demostrar desde ya. Siempre ha creído en la igualdad efectiva de los derechos de las mujeres”.
Pese a las tensiones internas y externas, Igualdad se muestra decidida a utilizar este contexto como una oportunidad política para reforzar su discurso feminista, especialmente de cara a una legislatura donde los equilibrios parlamentarios hacen que cada voto cuente… incluso el de quien hoy representa, para muchos, el rostro más incómodo del machismo en la política reciente.
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