La historia se repite. Tras el estallido del caso Koldo, en febrero de 2024, el PSOE abrió un expediente de expulsión y pidió el acta al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, una medida que adoptó nueve meses antes de la posterior imputación del exdirigente valenciano por parte del Tribunal Supremo en el marco de esta causa. Asimismo, anunció la creación de una comisión de investigación en el Congreso, que se cerró apenas seis meses después, sin conclusiones y sin citar al exministro de Transportes.
Casi un año y medio después, el caso ha dado un salto cualitativo tras el último informe de la UCO enviado al alto tribunal el pasado jueves. Lo que comenzó como una presunta trama de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas ha escalado a una trama de mordidas en contratos de obra pública, implicando a Santos Cerdán, quien hasta este jueves era secretario de Organización del PSOE y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez.
Entre las medidas adoptadas por Sánchez, además de pedir el acta a Cerdán (renunció a su escaño este lunes) y obligarle a renunciar a su militancia, se encuentra la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Se da el caso de que Sánchez anunció esta medida ocho meses después de que cayera en saco roto la anterior investigación impulsada por los socialistas como cortafuegos en marzo de 2024, en los primeros compases del caso Koldo.
Aunque esta iniciativa nació como consecuencia de este escándalo, el PSOE aprovechó la ocasión para indagar sobre los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado más allá del caso Koldo. Y es que, “durante los últimos años se ha tenido conocimiento público de hechos de esta naturaleza en relación con varias administraciones públicas de distinto nivel”, señaló el texto de los socialistas en alusión a los diferentes casos que interpelan a otros gobiernos, también del PP.
“Resulta intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública. Pero resulta especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia que se llevó por delante la vida de tantos hombres y mujeres”. Por ello, el PSOE quería que el Congreso “aclare hechos, circunstancias y responsabilidades en torno a las circunstancias” en las que se llevó a cabo la adquisición de material sanitario durante la pandemia en la Administración Pública.
La comisión fue creada casi en tiempo récord, en apenas 12 días. Y es que, así como los populares utilizaron la creación de un órgano similar en Senado para acorralar al Gobierno (sigue todavía), los de Pedro Sánchez también utilizaron esta comisión para cercar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso judicial que afecta a su novio, imputado por fraude a Hacienda y falsedad documental (cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas).
No declararon ni Ábalos ni Koldo
El PSOE y sus socios parlamentarios aprobaron un listado de 134 comparecientes, que incluía a nombres relacionados con el caso Koldo, entre los que destacaba el propio José Luis Ábalos, además de una treintena de miembros del PP, incluyendo cinco presidentes autonómicos. Cabe recordar que los socialistas no incluyeron al exministro en su lista, pero se vieron forzados a aceptarlo.
La puesta de largo de la comisión acaparó todos los focos, ya que se estrenó con la comparecencia del exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Además de otros cargos autonómicos y provinciales, también acudieron el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol.
Apenas seis meses después y tras un descenso paulatino de la atención mediática, los socialistas fracasaron en su intento de extender los trabajos del órgano parlamentario presidido por el diputado socialista Alejandro Soler. En concreto, el PSOE no fue capaz de convencer a Coalición Canaria, que se negó a ampliar los plazos junto a PP y Vox ante los intentos de los socialistas de investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a “empresas en las que hay familiares” del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
No dio tiempo a que se aprobaran conclusiones y quedaron más de un centener de comparecientes citados sin pasar por la Cámara Baja, entre ellos, los principales protagonistas del caso que dio origen a la comisión, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
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