
Una profesora de 52 años ha sido suspendida durante un año sin salario por el rectorado de París, después de ser condenada en febrero por haber agredido a una niña de tres años en clase. Según ha informado la agencia AFP este sábado 7 de junio, la docente recibió a principios de mayo la notificación de la sanción administrativa: dos años de suspensión, uno de ellos sin aplicación efectiva, y sin derecho a percibir su sueldo durante ese periodo.
El abogado de la profesora, Laurent Hazan, ha criticado la medida adoptada por la administración educativa. “Esta sanción es extremadamente dura y desproporcionada”, ha declarado a la AFP, confirmando una información publicada previamente por Le Parisien. Según Hazan, su clienta ha presentado un recurso “gracioso y jerárquico” tanto ante el rectorado como ante el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de reducir la duración de la suspensión. “Esperamos que la suspensión sin sueldo sea acortada. Si no hay una respuesta favorable, lo que no deseamos, acudiremos al tribunal administrativo”, ha añadido.
Los hechos que motivaron la sanción se remontan al 3 de septiembre de 2024, justo después del inicio del curso escolar. Ese día, en la escuela infantil Frères Voisin, situada en el distrito 15 de París, la profesora fue grabada por una madre mientras propinaba un fuerte golpe en la espalda a una niña que lloraba en clase. La escena tuvo lugar en una clase de primer curso de infantil, compuesta por 29 alumnos, algunos de ellos con discapacidad. El vídeo fue entregado a las autoridades educativas, que abrieron una investigación.
Condena penal sin antecedentes judiciales
El pasado 21 de febrero, el tribunal correccional de París condenó a la profesora a pagar una multa de 3.000 euros, la mitad con suspensión. Los jueces decidieron no inscribir la condena en su historial judicial, tras valorar la intensidad del golpe, el contexto de presión en el aula y el carácter aislado del episodio. La profesora llevaba suspendida de forma provisional desde entonces y no ha vuelto a ejercer desde el incidente.

Según su abogado, la decisión del rectorado contradice el informe de la investigación interna realizada tras los hechos. “La investigación interna recomendaba actuar con clemencia y acompañar a la docente, no sancionarla de este modo”, ha señalado Hazan. La profesora cuenta con una trayectoria de treinta años en la enseñanza pública sin incidentes previos.
El rectorado, contactado por la AFP para obtener una valoración sobre el caso, no ha ofrecido respuesta.
El contexto en el que se produjo la agresión ha sido señalado por la defensa como un factor relevante. La clase en la que trabajaba la profesora había tenido una vuelta al colegio complicada, con un alto número de niños pequeños y con necesidades especiales. Según el relato de la defensa, la profesora perdió el control en un momento puntual de tensión.
Pese a la resolución judicial que evitó una anotación en su expediente penal, la sanción administrativa ha tenido un impacto directo en la situación laboral de la docente. La defensa espera que la administración revise su decisión antes de recurrir a la vía judicial.
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