Lo que debía ser el proyecto final de una vida de trabajo se convirtió en una pesadilla para Alain y Martine Guérini, una pareja de jubilados franceses. En mayo de 2024, descubrieron que su vivienda en Villeparisis, al norte del país, había sido ocupada ilegalmente mientras estaba en plena reforma. Los okupas no sólo invadieron el inmueble, sino que llegaron a alquilarlo a terceros y poner el contador de la electricidad a su nombre, como si fueran los legítimos propietarios.
Una ocupación descubierta por casualidad
El matrimonio decidió que había llegado el momento de cambiar un poco la casa y se inició en una profunda reforma en 2021. Su idea era la de dividirla en dos unidades independientes y aumentar así su valor de mercado. Esta operación implicaba tanto un esfuerzo financiero significativo, como una alta carga emocional, ya que la casa era la representación de años de recuerdos familiares y el centro de su plan de jubilación.
Sin embargo, este proyecto comenzó a truncarse en el momento en el que la pareja de jubilados descubrió, por casualidad, que le habían ocupado su hogar. Mientras los propietarios estaban ausentes, los vecinos empezaron a detectar ciertos movimientos sospechosos en el interior del inmueble y avisaron al matrimonio. Un mes más tarde, Alain y Martine confirmaron que se habían adueñado de su casa y que incluso, la estaban alquilando a terceros, a pesar de que las obras no habían acabado y las condiciones higiénicas eran precarias.
Cambio del contador eléctrico y un alquiler ilegal
Uno de los hechos que más indignó al matrimonio fue comprobar que los okupas habían solicitado el cambio de suministro eléctrico. Una maniobra que les permitió utilizar la vivienda con apariencia de legalidad, dando de alta los servicios básicos a su nombre y generando así un documento que simulaba cierta legitimidad.
No obstante, el plan de los intrusos llegó más lejos: alquilaron parte de la vivienda a terceros. A pesar de las condiciones insalubres derivadas de las obras en curso, los nuevos inquilinos pagaban por habitaciones en una casa que no les pertenecía y que estaba siendo reformada con esfuerzo por sus verdaderos dueños.
Un proceso judicial largo y complejo
El 7 de junio de 2024, la pareja presentó una denuncia ante la gendarmería local. No obstante, el sistema judicial no respondió con la rapidez que esperaban. Dos semanas después, sin avances notables, se vieron obligados a presentar una nueva demanda. Hasta que no recibieron una notificación formal, no se inició el procedimiento de desalojo. Los ocupantes tenían una fecha límite para abandonar el inmueble de forma voluntaria: el 17 de julio.
La expulsión efectiva no se produjo hasta casi un mes más tarde, el 5 de agosto. Para ejecutar el desahucio, tuvieron que movilizar a una veintena de personas, entre gendarmes, policías municipales y agentes de seguridad privada. Durante la intervención, se encontraron varios individuos en el interior de la casa, algunos en estado de intoxicación por consumo de drogas, que fueron detenidos en el acto.
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