La acusación pide hasta seis años de cárcel y nueve de inhabilitación para Mónica Oltra por encubrimiento y malversación

La exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra podría enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión, además de quedar inhabilitada para concurrir a procesos electorales, en relación con el caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, lo que ya motivó su dimisión.

Una de las acusaciones que ha llevado el caso a los tribunales ha presentado su escrito, en el que se señala tanto a Oltra como a su entonces jefe de Gabinete en la conselleria, Miquel Real, y a once funcionarios más. A todos ellos se les atribuyen delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y encubrimiento. En el caso de la directora del centro de menores, se suma el delito de abandono de menores, mientras que el subsecretario ha quedado fuera del procedimiento, a pesar de que la Audiencia de Valencia desestimó su recurso contra la reapertura del caso, según informa El Mundo.

Piden inhabilitación incluso sin sentencia firme

La Asociación Gobierna-Te, que actúa como acusación particular junto a Vox, ha presentado su escrito ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al que ha tenido acceso El Mundo. En él solicita que se impongan a los acusados inhabilitaciones especiales que les impidan ejercer cargos públicos. Asimismo, plantea que, en los delitos que no conllevan pena de prisión, se establezca una inhabilitación específica que restrinja su derecho al sufragio pasivo durante nueve años, una medida que podría aplicarse incluso sin una sentencia firme.

Oltra está acusada de malversación, un delito que conlleva una posible condena de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación, así como de encubrimiento, por el que podrían imponérsele otros dos años de prisión y cuatro de inhabilitación. A estas imputaciones se suman las de prevaricación administrativa y omisión del deber de denunciar, que no contemplan penas privativas de libertad. El resto de funcionarios implicados se enfrentan a las mismas acusaciones, salvo la directora del centro, que presuntamente incurrió únicamente en abandono de menores, lo que podría acarrear una condena de un año de prisión.

Un expediente para “cuestionar” la denuncia

La acusación se basa en el denominado “expediente paralelo” que, según Gobierna-Te, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas impulsó en agosto de 2019 tras recibir Oltra una citación judicial que la puso en conocimiento de las denuncias contra su exmarido, Luis Ramírez Icardi, entonces educador en el centro.

Según el escrito, “las actuaciones llevadas a cabo por la consellera, junto con la directora general, la subdirectora, la directora territorial y los funcionarios, se realizaron con pleno conocimiento de su carácter manifiestamente ilícito, arbitrario y contrario a los fines legalmente establecidos”. El documento añade que “todos ellos consintieron y promovieron la adopción y ejecución de una resolución administrativa que ordenaba incoar un expediente con el objetivo de investigar hechos presuntamente delictivos que ya se encontraban sometidos a instrucción judicial”.

Gobierna-Te sostiene que este expediente “no fue para defender la integridad sexual de la niña sino para valorar ad initio la veracidad de los hechos denunciados por la misma. El expediente, desde el inicio, busca cuestionar lo denunciado en vía administrativa para que pueda ser utilizada sus resultas en la defensa judicial del señor Icardi, cosa que finalmente sucede y no puede ser por casualidad”.

La acusación afirma que la actuación administrativa perseguía “tres fines espurios” que fundamentarían el delito de prevaricación administrativa: “obstruir el proceso penal en marcha, obtener un dictamen emitido desde una apariencia de legalidad institucional que sirviera para eximir de toda responsabilidad al marido de Mónica Oltra, y desacreditar la credibilidad de la menor denunciante, presentándola como una fuente no fiable”.

En relación con el presunto delito de malversación, se señala que todo ello se hizo “mediante el uso de recursos humanos, técnicos y económicos de la Administración pública valenciana, en una clara desviación de poder que instrumentalizó el aparato institucional para fines personales y políticos”.

El escrito también destaca que “esta actuación administrativa derivó en una desviación de fondos públicos hacia finalidades privadas, toda vez que, por cada uno de los informes psicológicos emitidos, la Consellería abonó al Instituto Espill la cantidad de 405 euros más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido”, según recoge El Mundo.

La acusación solicita que, con la apertura de juicio oral, se recabe la totalidad del expediente elaborado por la Conselleria, se tome declaración a los acusados, a la denunciante y al propio Ramírez Icardi, condenado por los abusos.

Junto a Gobierna-Te, también Vox y la acusación particular ejercida por el líder de España 2.000, José Luis Roberto, deberán presentar sus respectivos escritos, al igual que la Fiscalía.