Una empresa agrícola despide a 7.000 empleados que llevaban un mes en huelga: “No queda un solo trabajador”

Chiquita Panamá, la filial de la empresa estadounidense que controla el 90% de la producción bananera nacional, prescinde de toda su plantilla tras protestas por la reforma de pensiones

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Estudiantes, profesores y trabajadores acuden
Estudiantes, profesores y trabajadores acuden a una manifestación contra la reforma de pensiones en Panamá. (REUTERS/Enea Lebrun)

Varios sectores con un alto peso en la economía de Panamá respondieron a la reforma de la Seguridad Social aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo con movilizaciones y huelgas por todo el país. Entre los colectivos que animaron a las protestas se encontraban los trabajadores en empresas bananeras, que alegaron una pérdida de derechos en la jubilación y el empeoramiento de las pensiones por las nuevas medidas como justificación para convocar paros. Ahora, la filial panameña de la estadounidense Chiquita Brands planea prescindir de su plantilla por completo tras una huelga que comenzó hace ya un mes y un tribunal laboral consideró ilegal.

A finales de mayo, Chiquita Panamá ya anunció el despido colectivo de todos sus trabajadores temporales por su seguimiento de las protestas. La empresa bananera había culpado a sus empleados de abandonar “de forma injustificada” su puesto de trabajo y aseguró que se había visto obligada a cesar por completo su actividad en la planta ubicada en Changuinola (provincia de Bocas del Toro).

Once días después, la compañía que controla un 90% de la actividad bananera en Panamá ha comunicado al Gobierno su decisión de ampliar los recortes y terminar la relación laboral con otros 1.600 trabajadores. Así, la empresa despide al total de su plantilla en Panamá

La provincia, en estado de emergencia

“Es un golpe muy duro para el empleo de la provincia” afirmó este lunes la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. El presidente del Gobierno, José Raúl Mulino, ha creado una comisión especial de la que forma parte la titular de Trabajo para intentar solucionar la situación en Bocas del Toro, donde se declaró el estado de emergencia el pasado 28 de mayo.

“El jefe de relaciones laborales de la empresa Chiquita nos manifestó que el día viernes destituyeron a los 60 trabajadores administrativos, es decir que ya no hay trabajadores administrativos dentro de la empresa”, explicó Muñoz. Además, la ministra culpa de la tensa situación a “un sector que solo sabe generar desempleo, afectando a terceros”.

Un hombre en bicicleta frente
Un hombre en bicicleta frente a un camión de Chiquita Panamá en Bocas del Toro (Changuinola, Panamá). (REUTERS/Enea Lebrun)

La política ha señalado directamente a los trabajadores y se ha reiterado en su petición de que “abran la actividad económica”, aunque asegura que la respuesta obtenida en las negociaciones con los líderes sindicales ha sido negativa. “La respuesta del sindicato es, nosotros vamos a vivir en las calles” hasta que se restituya la norma anterior para el sector, señaló Muñoz.

La huelga se prolonga

El recorte en las pensiones y la firma de un nuevo acuerdo de seguridad con Estados Unidos por parte del Ejecutivo causó una serie de protestas que culminaron con la convocatoria de una huelga en el sector educativo el pasado 23 de abril, según informa BBC. Después, los trabajadores en otras actividades de gran importancia en el país, como la construcción, se sumaron a las movilizaciones. El sector bananero, principal producto de exportación de Panamá, se declaró en una huelga que todavía mantiene el pasado 28 de abril, una situación que según Chiquita ha supuesto pérdidas de más de 75 millones de dólares.

Las protestas han provocado cortes en las principales rutas turísticas del país, así como el cierre de los centros docentes y el cese de servicios como los cajeros automáticos en los bancos, mientras la ciudadanía experiencia escasez en algunos productos. La tensión ha desembocado también en enfrentamientos con la policía y tanto medios locales como France 24 han reportado detenciones, casos de heridos y el uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad.