La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal conocido como la Mafia del Cobre, responsable de al menos 102 robos de cable de cobre en ocho comunidades autónomas. La denominada operación Kuroma se ha saldado con la detención de 21 personas y la recuperación de cerca de 20 toneladas de metal, cuyo valor estimado asciende a 2,5 millones de euros.
Según han explicado desde la Benemérita a través de un comunicado, la operación comenzó en junio de 2024, en Valencia, tras detectarse un incremento significativo de robos de cobre en un corto período. Durante 48 días se cometieron 37 robos, y en varios de los lugares afectados aparecieron pintadas con la inscripción “Mafia del Cobre”, una señal evidente de la autodefinición de esta organización criminal. El grupo se especializaba en sustraer cables de gran grosor, principalmente de instalaciones fotovoltaicas, depuradoras de agua y bodegas de vino, afectando incluso servicios esenciales como el suministro eléctrico y de agua a las comunidades.
El alcance territorial de esta banda era amplio. Su radio de acción partía de Madrid, desde donde ejecutaban los robos o se desplazaban a diferentes autonomías, entre ellas Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. La amplitud de la zona geográfica complicaba la investigación y reforzaba la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales.
Durante el proceso, los agentes confirmaron que la Mafia del Cobre contaba con una estructura jerarquizada y organizada. La banda estaba dividida en distintos grupos: unos encargados de la ejecución de los robos, otros que recopilaban la información necesaria para preparar los golpes y una tercera parte dedicada a la venta y procesamiento del material robado. Los robos se realizaban en rondas de cuatro o cinco días consecutivos, mediante células independientes que se reforzaban con la incorporación de nuevos integrantes, en ocasiones procedentes de Rumanía.

Un bote económico entre los criminales
Para garantizar la eficiencia y controlar la participación, la organización establecía un sistema de bote económico. Cada miembro debía aportar una cantidad de dinero para sufragar los gastos operativos de las rondas y asegurar que no participasen personas con problemas económicos o adicciones, que pudieran poner en riesgo la actividad criminal.
Además del cobre, el grupo también se dedicaba al robo de carburante, que luego vendían a receptadores, y al hurto de vehículos destinados a facilitar sus acciones delictivas. El material sustraído era trasladado a una localidad cercana a Madrid, donde era vendido y refundido para su comercialización, lo que incrementaba la dificultad para su rastreo.
El Instituto Armado ha explicado que el proceso de desarticulación de la Mafia del Cobre fue complejo y se desarrolló en tres fases principales. La primera culminó con la desarticulación de dos células y la detención de once miembros justo cuando regresaban tras cometer dos robos. En una segunda fase se realizaron registros domiciliarios en Getafe, donde fueron arrestados seis integrantes más. Finalmente, en la tercera fase, se detuvo a cuatro personas adicionales, incluyendo al encargado de la venta del material robado.
En total, los detenidos tienen entre 20 y 33 años, y 13 de ellos ya han ingresado en prisión preventiva. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. La investigación fue llevada a cabo por la Guardia Civil de las compañías de Sagunto, Madrid y Cuenca, y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto.
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