La multa a la que te enfrentas si usas las redes sociales para avisar de controles en carretera: hasta 20.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido actuar con contundencia en su lucha contra las prácticas que dificultan la labor de los cuerpos de seguridad en carretera. Desde inicios de este año, avisar sobre la ubicación de controles policiales, sea de alcohol, velocidad o drogas, a través de redes sociales o aplicaciones móviles, podrá conllevar sanciones de hasta 500 euros.

En el caso de administraciones de grupos o páginas que fomenten esta práctica de forma sistemática, la multa puede ascender hasta los 20.000 euros.

Este cambio se enmarca en la nueva reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en vigor desde principios de 2025. Hasta ahora, este tipo de avisos solo podían sancionarse de forma indirecta mediante la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la reforma incorpora expresamente la prohibición de difundir la ubicación de los controles como una infracción grave. El objetivo, según la DGT, es “preservar la vida de los usuarios en las vías”.

Tipología de sanciones por avisar

Esta nueva Ley de Tráfico establece con claridad las sanciones aplicables a las personas que difundan la localización de los controles, sea del tipo que sea.

• Multas de 500 euros para cualquier conductor que alerte de la localización de un control a través de mensajes o redes sociales.
• Multas de entre 3.000 y 20.000 euros para los administradores de grupos digitales en WhatsApp, Telegram o distintas redes sociales, que compartan esta información de manera habitual.

La base legal que sustenta todas estas medidas indican que la infracción está tipificada como grave, y su aplicación se llevará a cabo tanto desde la Ley de Tráfico como, en algunos casos, desde la Ley de Seguridad Ciudadana.

No es la única medida

La medida no llega sola. La reforma de la Ley de Tráfico introduce múltiples novedades para reforzar la seguridad vial y adaptarse a los nuevos modos de movilidad. Entre ellas, la más destacada es la reducción de la tasa de alcoholemia permitida, que pasa a ser 0,2 g/l en sangre para todos los conductores, y prácticamente cero para los conductores noveles y profesionales.

Se ha endurecido también la regulación de los motoristas, que deberán llevar casco integral o modular, guantes y calzado adecuado, al igual que los usuarios de patinetes eléctricos, que deberán usar casco, chaleco reflectante y no podrán superar los 25 km/h de velocidad.

Respecto a los ciclistas, la reforma de la ley refuerza su protección y reduce la velocidad máxima a 20 km/h para adelantarlos. Además de mantener una separación lateral de 1,5 metros y cambiar de carril cuando sea posible.

Controles exprés

En paralelo a estas sanciones, la DGT ha implementado una estrategia de controles exprés, que se instalan por periodos breves de tiempo en lugares aleatorios con el fin de que no se difunda su localización. Además, se ha iniciado una colaboración con plataformas digitales para detectar y desactivar grupos que difundan avisos de controles.