El trabajo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentará un 13% al asumir los delitos de violencia sexual

La carga de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer crecerá un 12,9% con la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia, al asumir todos los delitos de violencia sexual, según los cálculos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien la incidencia de la norma “variará mucho dependiendo del territorio”, de los medios y la ubicación geográfica.

“Las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que dispones y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras) son variables que influyen claramente en las cifras”, ha indicado en un comunicado el CGPJ, cuyo estudio fija una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79%.

El poder judicial explica asimismo que ha elaborado este informe no solo para conocer de forma aproximada el incremento de asuntos que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino para hacer una estimación de la disminución en la entrada de casos en los Juzgados de Instrucción o Mixtos que actualmente son competentes en materia de violencia sexual. Para hacer el cálculo, indica, se han tenido en cuenta distintos tipos de procedimientos y todos los tipos delictivos relacionados con la violencia sexual que recoge el Código Penal.

Así, el incremento más destacado de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,2 y del 19,6%, respectivamente.

Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,2%), La Rioja (17,3%), Navarra (17,1%), Castilla y León (17,1%), Cantabria (15,2%), Castilla-La Mancha (14,5%), Madrid (14,3%), Asturias (14,1%), Canarias (13,5%) y Extremadura (12%). Por último, Comunidad Valenciana (8%), Andalucía (7,3%), Aragón (4,2%) y País Vasco (2,7%).

Un posible “colapso del sistema judicial”

La reforma de la ley, que asigna a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, incluso cuando no haya vínculo afectivo entre víctima y agresor, entrará en vigor en octubre de este año. Una ampliación de competencias que puede provocar, como ya han advertido jueces y juezas, “un colapso del sistema judicial en estos casos” si no aumentan los recursos materiales y personales. Esto también afectaría, aseguran los profesionales, a las víctimas.

“Todos los jueces y juezas que están en los juzgados de violencia de género, algunos desde que entró en vigor la ley del 2004 -que estableció una jurisdicción especial para combatir esta violencia-, cuentan con formación especializada en la materia. El colapso supondría que muchos nos tendríamos que ir a otros juzgados y eso puede dejar a las víctimas en una situación complicada”, indicaba en una reciente entrevista con Infobae España Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid).

La magistrada también advierte de la “gran complejidad” de los asuntos relacionados con este tipo de violencia y los que les van a asignar, pues incluyen delitos como la trata con fines de explotación sexual.

Tras advertir de ese colapso, representantes de jueces de violencia sobre la mujer se reunirán este martes con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.