
Las denuncias por acoso dentro de las Fuerzas Armadas Españolas en 2023, último año con datos, han superado todos los registros hasta la fecha al alcanzar los 46 procedimientos abiertos, por encima de los 39 iniciados en 2021, año que ostentaba el récord hasta ahora. Así lo expone el último informe del Observatorio de la vida militar, órgano dependiente de las Cortes Generales, en el que se detalla que, al 1 de enero de 2024, ninguna de estas denuncias por acoso sexual o laboral habían acabado en una condena o sanción contra los supuestos autores.
De acuerdo al estudio, de entre todas las denuncias realizadas ante las distintas Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), 17 han sido tramitadas por vía penal y 21 por vía disciplinaria (aquellos que se dirimen puertas adentro del ejército), mientras que ocho han dado lugar a la apertura de procesos tanto penales como disciplinarios. Del total, 18 denuncias fueron archivadas y, en cambio, 35 continuaban en trámite al momento de confeccionar este trabajo estadístico.
En las acusaciones se han señalado a 58 presuntos acosadores, la gran mayoría de ellos de sexo masculino, a excepción de dos mujeres. En cuanto a su escala, diez son oficiales; 19, suboficiales; y 30 pertenecen a la tropa. Por su parte, de las 48 víctimas que reflejan las demandas, 46 son féminas y sólo dos son hombres: tres oficiales, seis suboficiales y 39 integran la escala más baja -y numerosa- de las Fuerzas Armadas.
La mayoría de las demandas (33) se han llevado a cabo en el Ejército de Tierra, que es la fuerza más numerosa: 72.794 hombres y mujeres que suponen el 62,5% del total de militares en activo. Por su parte, en la Armada y el Ejército del Aire, con alrededor de 20.000 efectivos cada uno, se registraron seis y tres denuncias, respectivamente. El resto de procedimientos tuvieron lugar en el Estado Mayor de la Defensa (tres) y en el Órgano Central (1).
43 condenas en ocho años
Desde que entró en vigor el protocolo de actuación ante el acoso elaborado por el Ministerio de Defensa, se han realizado, entre 2016 y 2023, un total de 265 demandas. De estas, 142 han seguido el camino penal y 187 la vía disciplinaria. Según los datos que recoge el Observatorio de la vida militar, solo el 16% de los casos denunciados (43) han supuesto una condena o sanción para los acosadores mientras que, por contra, el 60% de las acusaciones (160) fueron archivadas. En los primeros días de 2024, 38 de los procedimientos abiertos no se habían resuelto.
De igual manera, en estos ocho años, han existido 29 denuncias por acoso sexual que posteriormente han cambiado de calificación. Esto ocurre, explica el informe, cuando el órgano judicial considera que los hechos constituyen otro tipo de delito o cuando la autoridad disciplinaria estima que los mismos no suponen acoso, pero sí otro tipo de infracción.
En este sentido, el trabajo ha señalado que en algunos procesos penales se observan retrasos en su resolución, lo que implica también que no se cierran varias actuaciones disciplinarias. Esto último dado que una misma denuncia puede dar lugar a la apertura de dos procedimientos diferentes cuando, iniciada la vía disciplinaria, la jurisdicción considera que los hechos comportan un delito. En estos casos, los procesos disciplinarios no se archivan sino que se suspenden hasta que finalice la causa penal. Si los hechos denunciados son condenados se procederá al cese de la vía disciplinaria, pero si no hubiese responsabilidad penal sí se continuará el trámite para determinar si existe infracción disciplinaria.
Desde la entidad que analiza de manera permanente la condición de militar en España y la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas han valorado positivamente el funcionamiento en el protocolo ante estos casos establecido por Defensa. En concreto, el Observatorio de la vida militar han constatado la confianza que los efectivos tienen en las UPA, dado que “prácticamente la totalidad de las víctimas” ha acudido directamente a ellas para denunciar situaciones de acoso.
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