El fiscal general del Estado, ante el juez por la filtración contra Ayuso: todos los indicios que apuntan a García Ortiz

El 28 de enero de 2025 quedará marcado en la historia de la crónica de tribunales de nuestro país. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado acude al Tribunal Supremo a declarar como investigado. Álvaro García Ortiz ha sido citado por el juez Ángel Hurtado, quien cree que la máxima autoridad del Ministerio Público estuvo detrás de la filtración de los correos secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en su caso por presunto fraude fiscal.

El magistrado sostiene que García Ortiz tuvo un papel “preeminente” en la revelación de ese secreto y, por tanto, en una actuación delictiva. Hurtado basa su tesis, principalmente, en los mensajes de Whatsapp recabados a otra investigada en la causa, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que el fiscal general del Estado eliminó todas las conversaciones que mantuvo con su teléfono entre los días 8 y 14 de marzo, cuando se gestó esa filtración.

Con toda probabilidad, García Ortiz negará su intervención en la filtración de los mencionados correos y se escudará en una instrucción de la Fiscalía para justificar el borrado de los mensajes de sus aplicaciones de mensajería. El fiscal general del Estado abre el carrusel de declaraciones de los tres investigados en una instrucción que se encuentra avanzada y cuya principal incógnita es si se podrán recuperar los mensajes enviados y recibidos por García Ortiz aquellos días. Para ello, el magistrado, por petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha pedido a Whatsapp y Google que le remita los datos de las cuentas pertenecientes al fiscal general.

A pesar de que no exista una prueba irrefutable sobre la participación de García Ortiz en la filtración de los correos de Alberto González Amador, el juez Hurtado tiene meridianamente clara su implicación basada en varios indicios. El principal, como se ha indicado, es que el fiscal general pidió a la fiscal jefe de Madrid los correos cruzados entre el fiscal del caso de González Amador, Julián Salto, y el abogado del novio de Ayuso. “Hola. A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?”, le escribió Pilar Rodríguez.

Desmentir un “bulo”

Eran las 21:54 horas del 13 de marzo de 2024. Según la cronología completa de la filtración, a las 21:29 horas el diario El Mundo había publicado lo que el fiscal general del Estado consideraba un “bulo” y quería desmentirlo. La información publicada en ese periódico estaba sesgada, ya que hablaba de un supuesto ofrecimiento de la Fiscalía para llegar a un pacto con González Amador, cuando quien había propuesto el acuerdo para reconocer la comisión de “dos delitos fiscales” era su propio abogado.

Según García Ortiz, pidió los correos a su subordinada para desmentir esa información en una nota de prensa difundida por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la mañana siguiente. El Supremo descartó que en esa nota se revelasen secretos. Sin embargo, el contenido del email en el que el abogado de González Amador ofrecía el pacto se reprodujo en varios medios de comunicación próximos al Gobierno la noche anterior, aunque el correo no se mostró hasta la misma mañana del día 14.

Para el juez existe una “base indiciaria para presumir la relevante participación” de García Ortiz “en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”, según expuso en uno de sus últimos autos.

La instrucción también ha constatado que los correos estaban en el Palacio de la Moncloa antes de que se publicasen en los medios de comunicación. La jefa de gabinete del director del gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, envió el correo del abogado del novio de Ayuso al por entonces secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara contra la presidenta madrileña en un pleno de la Asamblea. Así, el juez Hurtado escribió en el mismo auto que el email tuvo “salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno”.