
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no ha encontrado ningún mensaje al analizar el contenido del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los días en los que se filtró a los medios de comunicación el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso reconociendo la comisión de dos delitos fiscales en busca de un pacto con el Ministerio Público. Esto lleva a pensar, según fuentes del caso, que se habrían borrado la totalidad de los mensajes recibidos y enviados en esas fechas.
El informe del análisis de sus dispositivos, al que ha tenido acceso Infobae España, señala que hay “0 mensajes” en su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo, cuando el fiscal general pidió los correos cruzados entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador y se filtraron a varios medios de comunicación.
La única información relevante para la investigación que ha hallado la UCO en los dispositivos incautados a García Ortiz, concretamente en su correo electrónico personal, ha sido un email duplicado en el que la cuenta de la Fiscalía de Madrid le remitía la copia de las actuaciones contra González Amador. En su cuenta de correo electrónico corporativa han analizado 45 emails “sin interés para la investigación”.
Ha sido este jueves cuando el juez instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones en lo relativo al informe pericial de la UCO sobre los dispositivos electrónicos intervenidos a García Ortiz en el registro de su despacho de la Fiscalía General del Estado, que practicaron los agentes el pasado 30 de octubre. El magistrado ha tomado la misma decisión respecto al informe sobre los mensajes del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato.
Moncloa tenía el correo
En cuanto al material analizado en el teléfono de Lobato, el mismo evidencia que la jefa de gabinete de Óscar López en Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, le reenvió el correo del abogado del novio de Ayuso en el que proponía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad para reconocer dos delitos fiscales.
También se revela que Lobato, antes de mostrar el email en la Asamblea de Madrid, preguntó por su procedencia, además de a Sánchez Acera, al por entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. La UCO subraya que “esta circunstancia revelaría que, en ese momento,” Juan Lobato creía que Vallés “no solo era conocedor del envío de ese email” por parte de” Sánchez Acera, “sino que podría resolverle la cuestión de cuál era la fuente del mismo”.
Además, el informe implica al exjefe de prensa del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, en la filtración del correo de González Amador. Y es que la UCO señala que él “sabía igualmente de la existencia de ese email y “pretendía” que Lobato “lo hiciera público”.
Lobato consultó con el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo, si debía sacar “el mail de la Fiscalía”, a lo que éste le respondió “no lo hagas”. Asimismo, le dijo a Lobato que el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, el Dircom del PSOE, Ion Antolín y la Dircom del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, le habían escrito “con lo mismo”.
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