El PSOE y Junts han salvado parte de las medidas sociales que fueron tumbadas la semana pasada en el decreto ómnibus, al que votaron en contra el partido de Carles Puigdemont, el PP y Vox. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha confirmado este martes 28 de enero, donde ha explicado que este nuevo real decreto ley “contiene la práctica totalidad” de la norma. Pero para que el decreto llegara a puerto, Junts pedía que el Congreso tramitase la proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza, algo que finalmente ha aceptado. Pero, ¿qué es y en qué se diferencia de una moción de censura?
La cuestión de confianza es un mecanismo mediante el cual el presidente del Gobierno puede someter su cargo y la continuidad de su programa al voto del Parlamento. Está regulada en los artículos 112 y 114 de la Constitución y en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Para iniciarla, el Gobierno debe deliberar en Consejo de Ministros y presentar la propuesta ante la Mesa del Congreso, que convoca el Pleno para el debate y votación.
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Este procedimiento puede utilizarse para ratificar el apoyo parlamentario al programa de gobierno o abordar cuestiones de política general. El debate sigue las mismas reglas que el de investidura: el presidente expone sus motivos, los grupos parlamentarios presentan sus posturas y el presidente puede replicar e intervenir cuantas veces lo desee.
La votación se realiza al menos 24 horas después de concluido el debate. Para superar la cuestión de confianza, el presidente necesita una mayoría simple. Si obtiene la confianza, permanece en el cargo. Si la pierde, está obligado a presentar su dimisión al rey, activándose un proceso para que el Congreso elija a un nuevo presidente.
Desde la Transición, solo dos presidentes han recurrido a este mecanismo. En 1980, Adolfo Suárez (UCD) planteó una cuestión de confianza tras la aprobación de leyes clave de la Transición, obteniendo el apoyo necesario para implementar un programa de austeridad y consolidar el Estado autonómico. Diez años después, en 1990, Felipe González (PSOE) recurrió a esta herramienta para impulsar la integración económica en la UE, la política exterior y el desarrollo autonómico, logrando también superar la votación.
¿En qué se diferencia de la moción de censura?
Mientras que la cuestión de confianza es presentada por el Gobierno, la moción de censura es una iniciativa de la oposición, que busca destituir al Gobierno y sustituirlo por otro, con un candidato propuesto por los firmantes de la moción.
La moción de censura está regulada por el artículo 113 de la Constitución y los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso. Para ser admitida a trámite, debe contar con el apoyo de al menos una décima parte de los diputados (35 de 350). Además, debe incluir un candidato a la presidencia que haya aceptado la candidatura. Para que prospere, requiere una mayoría absoluta (176 votos). Si se aprueba, el candidato propuesto es investido presidente; si se rechaza, los firmantes no pueden presentar otra moción en el mismo periodo de sesiones.
En la historia de la democracia española se han presentado seis mociones de censura contra los presidentes Suárez (1980), Felipe González (1987), Mariano Rajoy (2017 y 2018) y Pedro Sánchez (2020 y 2023). Sin embargo, solo una prosperó. En 2018, Sánchez (PSOE) sustituyó a Rajoy (PP) tras aprobarse una moción de censura por mayoría absoluta.
La sugerencia de Puigdemont de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza busca evaluar si el presidente cuenta con el respaldo suficiente para continuar con su programa de gobierno. Si Sánchez decidiera aceptarla y no lograra la confianza del Congreso, debería dimitir y se abriría un proceso para elegir a un nuevo presidente. Hasta el momento, la propuesta no ha sido acogida oficialmente por el Gobierno.
No es la primera vez que Junts solicita esta moción de confianza. Fue antes de las vacaciones de Navidad cuando Carles Puigdemont lanzó su órdago contra el Gobierno: la proposición no de ley exigiendo al presidente Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. Tanto el PSOE como Sumar pospusieron la decisión de la Mesa del Congreso sobre esta iniciativa. El pasado 16 de enero volvieron a posponer la cuestión que pide Junts, que amenazó con el “colapso de la legislatura” si no se tramitaba la iniciativa en el Congreso. Finalmente, el Gobierno ha aceptado.
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