Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reafirmado su compromiso de implementar una serie de reformas laborales en España para el año 2025, a pesar de la falta de consenso con las organizaciones empresariales. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, que se espera entre en vigor el 1 de enero de 2025. De aprobarse finalmente, las empresas tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a este cambio, según informó el Ministerio de Trabajo.
Estas reformas, que también incluyen la ampliación de los permisos parentales y el derecho a la desconexión digital, buscan equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, especialmente entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme, que consideran que la jornada laboral debería ser objeto de negociación colectiva en cada sector para atender las necesidades específicas de empresas y empleados.
A pesar de la oposición empresarial, Díaz ha manifestado su intención de avanzar con la medida, ofreciendo ayudas directas a pequeñas empresas de sectores afectados. Además, ha expresado su disposición a buscar el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT para llevar adelante esta iniciativa, que forma parte del compromiso del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.
Nuevo sistema de registro digital
Otra de las reformas previstas es la implementación de un sistema de registro digital diario de horas para todos los tipos de trabajo. Este sistema, que deberá ser “objetivo, fiable, accesible e interoperable”, permitirá a los trabajadores acceder automáticamente a sus registros, mientras que los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) podrán hacerlo de manera remota. La administración sostiene que este registro es esencial para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y proteger los derechos de los trabajadores.
La regulación especificará el contenido legal y los protocolos operativos del sistema, que deberán ser negociados con los trabajadores o, en su defecto, adoptados por la empresa tras consultar con ellos. En caso de incumplimiento, la carga de la prueba recaerá sobre los empleadores, y se presumirá que los contratos a tiempo parcial son a tiempo completo si los registros son inadecuados. Esta medida busca proteger a los trabajadores de posibles fraudes y asegurar el respeto a sus derechos laborales.
Subida del SMI
Además, se está considerando un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que podría rondar el 5%, con el objetivo de que represente el 60% del salario medio en el país. De confirmarse, el nuevo SMI se situaría en 1.190,7 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que implicaría un incremento de 56 euros al mes. En el caso de optar por 12 pagas, el salario bruto mensual ascendería a 1.400 euros, representando un aumento de 77 euros mensuales.
Por último, aunque aún no se ha concretado, se discute un posible cambio en el sistema de indemnizaciones por despido improcedente. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado una revisión del modelo actual, que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha considerado no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE). Aunque el Gobierno ha defendido la normativa vigente, el fallo del CEDS podría obligar a reconsiderar su postura.
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