
El empresario Álvaro Romillo, fundador del chiringuito Madeira Invest Club, ha reconocido ante el juez que sabía que parte de los 100.000 euros que pagó en metálico a Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), a través de una de sus sociedades iría destinado a la financiación de la campaña de las elecciones europeas del partido del ahora eurodiputado. “No era un trabajador del LIDL”, ha dicho durante el interrogatorio, según informan fuentes presentes en la declaración.
Romillo, alias Cryptospain, ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado en la pieza separada del caso Madeira Invest Club que indaga en la presunta financiación ilegal de SALF. No lo ha hecho Alvise Pérez, a quien el juez José Luis Calama ofreció declarar “de forma voluntaria”. El eurodiputado había advertido que no acudiría a la llamada del magistrado al considerar que sólo el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, puede investigarle.
Durante su declaración, en la que su abogado no ha hecho preguntas, Romillo ha sostenido que donó 100.000 euros a Alvise a través de la sociedad Sentinel BQ a cambio de “favores futuros” que le podía facilitar dado su impacto en redes sociales como Telegram y su carrera política. El fundador del chiringuito Madeira Invest Club ha ratificado la veracidad de los mensajes y audios que se cruzó con Alvise, quien le pidió “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”. La cara visible de CryptoSpain ha hecho mención a la posición de “poder” que tenía Alvise para justificar su aportación económica al líder de SALF. La relación, ha dicho, se sustentaba en los “intereses” de ambas partes.
En los mensajes que el propio Romillo aportó en su denuncia contra Alvise ante la Fiscalía General del Estado, el ahora eurodiputado le aseguró que haría lobby en favor de sus negocios si conseguía escaño en el Parlamento Europeo: “Ahora me toca a mí hacer lobby en Europa”.
Alvise se ausenta
Tal y como estaba previsto, Alvise no ha acudido a su cita en la Audiencia Nacional. El eurodiputado, que se encuentra en Bruselas, había confirmado que no atendería la llamada del juez José Luis Calama a comparecer “de forma voluntaria” para aclarar el cobro de los 100.000 euros de Álvaro Romillo, que ya reconoció públicamente el líder de SALF. Su defensa había recurrido la decisión del magistrado de citarle a declarar -aunque fuera de forma voluntaria- ante la Sala de lo Penal al entender que como aforado sólo el Tribunal Supremo puede investigarle. Para ello, el juez debería elevar una exposición razonada al alto tribunal que recoja los indicios recabados contra Alvise por la presunta financiación ilegal de su partido.
La Fiscalía del alto tribunal tuvo sobre la mesa unas diligencias por estos mismos hechos, pero las dejó en manos del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ya estaba investigando el pago de 100.000 euros a Alvise en una pieza separada de la causa sobre el chiringuito financiero Madeira Invest Club.
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